I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4512
Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible y la Solidaridad Global.
FELIPE VI REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
El fundamento de la política de cooperación
para el desarrollo sostenible de España se encuentra en la Constitución
Española de 1978, cuyo preámbulo proclama su voluntad de colaborar en el
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación, entre
todos los pueblos de la Tierra, así como en el Tratado de la Unión Europea y en
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define la política de
cooperación para el desarrollo como competencia compartida entre la Unión y los
Estados miembros. Con ello, la cooperación para el desarrollo se configura como
política de Estado, basada en una concepción abierta y solidaria de la
ciudadanía y de la sociedad internacional para responder colectivamente a los
retos globales.
La política de cooperación se inscribe en la
redefinición de las relaciones exteriores de la España democrática con
Iberoamérica y en el marco de Naciones Unidas y de la Unión Europea. En su
conformación hay que destacar la adhesión a la Unión Europea en 1986, la
creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en 1988; la
adhesión al Comité de Ayuda al Desarrollo (en lo sucesivo, CAD) de la OCDE en
1991; el ingreso en los bancos regionales de desarrollo; la participación en la
Comunidad Iberoamericana, así como en iniciativas multilaterales innovadoras
sobre bienes públicos globales y regionales; y el progresivo despliegue de la
cooperación bilateral a distintos países.
En esa andadura, la cooperación española ha
contado con un amplio respaldo social y político, y se ha institucionalizado
como política pública con el impulso del Congreso de los Diputados y el Senado,
la sociedad civil y las Organizaciones no Gubernamentales (en adelante, ONG),
incorporando a las comunidades autónomas y los entes locales, siendo la
cooperación descentralizada uno de sus rasgos distintivos. La adopción de la
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
vigente hasta ahora, fue un hito clave, al definir la cooperación para el
desarrollo como política pública, diferenciada de la política exterior, y por
introducir el principio de coherencia de políticas para el desarrollo, acorde a
lo establecido en el entonces vigente Tratado de la Unión Europea, y el Plan Director como instrumento de planificación.
El desarrollo de la Ley 23/1998, de 7 de
julio, incluyó nuevos instrumentos, como los microcréditos (2000), la
conversión de deuda (2006), y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (en lo
sucesivo, FONPRODE) (2010). Se reguló el estatuto del cooperante (2006), y se
aprobó un nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(2000, aunque creada en 1988), después Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID) (2007); se estableció la
Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo (2000), y se
reformó el Consejo de Cooperación para el Desarrollo (2001). El sistema de la
cooperación española se completó con la creación de la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (en lo sucesivo,
FIIAPP F.S.P.) en 1998, y la Fundación Carolina en el año 2000.
La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y
del Servicio Exterior del Estado, primera en este campo, define como principios
inspiradores de la política exterior y de cooperación de España la dignidad
humana, la libertad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, el respeto
del Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo, con especial
referencia a la Unión Europea y la Comunidad Iberoamericana. Además, la Ley
2/2014, de 25 de marzo, establece como objetivos transversales de la política
exterior los propios de las metas globales de desarrollo, como la erradicación
de la pobreza, el desarrollo humano sostenible, los derechos humanos, la
democracia y el Estado de Derecho, la igualdad de género y la reducción de las
desigualdades, el fomento de la cohesión social, y la respuesta a las crisis
humanitarias.
Este recuento muestra que la cooperación
española cuenta con un marco legal y un sistema institucional asentado, estando
plenamente integrada en los marcos multilateral, de la Unión Europea, e
iberoamericano, y en la propia acción exterior de España. Asimismo, es un marco
plenamente integrado en el CAD de la OCDE en cuyos debates en este ámbito la
cooperación española participa activamente y cuyas normas y recomendaciones
incorpora. Con más de veinte años en vigor y sin apenas reformas, la Ley
23/1998, de 7 de julio, ha sido su piedra angular. Su éxito y permanencia se
deben a su carácter marco; al apoyo social y el consenso con el que se aprobó
en el Congreso y el Senado, y la definición de la cooperación para el
desarrollo, dentro de la acción exterior, como una política pública abierta a
la participación de las entidades sociales y el sector privado.
II
En esa etapa, se han transformado las
geografías del progreso humano, en parte como resultado del proceso de
globalización y el ascenso de los países emergentes, con visibles mejoras en
los índices de pobreza extrema y el acceso a la educación y salud, a las que
también contribuyó la cooperación para el desarrollo y la adopción de metas
internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en lo sucesivo,
ODM). El mundo en desarrollo se caracteriza por una creciente heterogeneidad:
la pobreza extrema se ha concentrado en África al sur del Sahara, mientras que
otros países de Asia y América Latina ahora enfrentan una particular agenda de
desarrollo en transición, con mayor renta, pero con múltiples desigualdades. En
unos y otros países siguen existiendo situaciones de pobreza cuya comprensión
reclama conceptos e índices multidimensionales.
Ese proceso desdibuja la tradicional
divisoria Norte-Sur y donante-receptor. Han aparecido nuevos actores y
modalidades de cooperación, como la cooperación Sur-Sur y triangular, y la
agenda se amplió a la gobernanza global del desarrollo, que abarca el comercio,
la inversión y el papel del sector privado, el acceso a tecnología, una mejor
gestión de los movimientos migratorios y la provisión de bienes públicos
globales. Ello comporta una ayuda más efectiva, y ante el enorme esfuerzo
inversor requerido, será necesario movilizar nuevas fuentes de financiación, lo
que demanda marcos normativos y métricas más amplias que las referidas a la
Ayuda Oficial al Desarrollo (en lo sucesivo, AOD).
El mayor papel de la empresa, la filantropía,
la academia, los gobiernos subestatales, la sociedad civil y las organizaciones
no gubernamentales (en lo sucesivo, ONG), son también desafío y oportunidad
para forjar nuevas alianzas, establecer una arquitectura de la cooperación más
inclusiva y legítima. Así lo reclama la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo y sus cuatro principios: protagonismo del país;
concentración en resultados; alianzas inclusivas; y transparencia y rendición
de cuentas mutua.
Ese periodo, además, mostró la necesidad de
reorientar el modelo de desarrollo vinculado a la globalización. Este presenta
notorias carencias de gobernanza ante un mundo que es más interdependiente, y,
por ello, más vulnerable a riesgos transnacionales en el ámbito socioeconómico,
tecnológico, de la salud, o del medio ambiente, amplificados por distintas
brechas de desigualdad y por crecientes tensiones geopolíticas. La emergencia
climática y la pérdida de biodiversidad muestran que los patrones de producción
y consumo vigentes no son sostenibles. Desigualdades, problemas relativos a la
calidad y cantidad del empleo, expectativas no satisfechas en el acceso a
servicios públicos, el buen gobierno y la movilidad social, unidas a una mayor
conectividad, han dado lugar a flujos migratorios mixtos más intensos, a
protestas sociales, desafección ciudadana y, en ocasiones, al ascenso de
fuerzas iliberales que impugnan la democracia y cuestionan el multilateralismo
y la cooperación.
Con todo lo anterior, el mundo es hoy un
lugar más globalizado e interconectado, pero también más inestable, con mayores
riesgos compartidos y más necesitado de acción colectiva. En ese escenario, el
desarrollo sostenible ya no debe verse como un problema limitado a los países
de menor desarrollo y se plantea como desafío global, que concierne a toda la
ciudadanía. La cooperación para el desarrollo, por ello, tiene ante sí una
agenda más compleja, que abarca el establecimiento de sistemas socialmente incluyentes
y la reducción de la pobreza y las desigualdades en distintos ámbitos; la
descarbonización y la sostenibilidad ambiental; el buen uso de la innovación y
las tecnologías; y la transición justa en los ámbitos socioeconómico, digital y
ecológico; la prevención y mitigación de riesgos globales como el cambio
climático o las pandemias; los riesgos asociados a la pérdida y degradación de
la biodiversidad; la construcción de una gobernanza democrática global; la
preparación, asistencia y protección ante crisis humanitarias, tanto crónicas
como derivadas de emergencias, como ha planteado la Agenda para la Humanidad.
La agenda de cooperación ha de articularse con estrategias de mediación y
transformación de los conflictos, de consolidación de la paz, y gobernabilidad
democrática.
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, ODS), así como el Acuerdo de París sobre
el Cambio Climático, responden a ese escenario con un compromiso renovado con
la cooperación y el multilateralismo y una voluntad transformadora para
erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, y alcanzar el desarrollo
sostenible sin que nadie quede atrás, desde el protagonismo nacional y la
responsabilidad compartida. Frente al alcance más limitado de los ODM, la
Agenda 2030 es universal, integra las dimensiones económica, social y
medioambiental del desarrollo sostenible, y, por primera vez, incluye como
objetivos y condiciones habilitadoras la paz, la justicia y las instituciones
eficaces, inclusivas y responsables.
Con la Agenda 2030 se renueva la alianza
mundial para el desarrollo, que, junto a los gobiernos, apela a todos los
actores. La Agenda de Acción de Addis Abeba llama a financiar los ODS con un
mayor esfuerzo nacional, de otros flujos oficiales, y con fondos privados. Para
dar cuenta de estos recursos se ha propuesto la más amplia métrica de reporte
del Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (en adelante, AOTDS).
Los ODS renuevan la Alianza Mundial para el
Desarrollo y responden a ese nuevo escenario, integrando dimensiones que
abarcan los sectores económico, social y medioambiental, con objetivos como la
paz y la justicia, partiendo de instituciones eficaces, inclusivas y
responsables. Se renueva el compromiso con la cooperación y el
multilateralismo, la voluntad transformadora de acabar con la pobreza y las
desigualdades, así como la necesidad y urgencia de hacer frente a los retos
medioambientales y climáticos. En este marco se destaca la necesidad de
contribuir, a través de la cooperación al desarrollo, al cumplimiento de los
objetivos de lucha contra el cambio climático del Acuerdo de París y otros
objetivos ambientales globales, así como la necesidad de luchar por la
eliminación de las brechas territoriales, reduciendo las desigualdades en los
países menos avanzados, pero también en sus distintos territorios, favoreciendo
que las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades
independientemente del país o región en la que vivan.
Los ODS mencionan por primera vez la
migración y el objetivo de facilitar unos flujos migratorios regulares, seguros
y ordenados. El Pacto Mundial para la Migración desarrolla este objetivo y
define a los migrantes como actores de desarrollo. Este enfoque integral de la
migración centrado en las personas y el desarrollo sostenible será parte de la
cooperación al desarrollo. Asimismo, el Pacto Mundial sobre los Refugiados
apuesta por la cooperación internacional y el principio de responsabilidad
compartida para responder a las situaciones de refugiados.
Para responder a las metas globales de
desarrollo, las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros han
reiterado su compromiso de alcanzar colectivamente el 0,7 % de la renta
nacional bruta (en adelante, RNB) como ayuda al desarrollo en el plazo previsto
por la Agenda 2030, y han adoptado el Consenso Europeo de Desarrollo (en lo
sucesivo, CED), como estrategia común con enfoque de derechos humanos. Para ser
más eficaces, el CED propone un mayor trabajo en común como Unión Europea, de
conformidad con los principios de coherencia, coordinación y complementariedad.
Ello supone enfoques diferenciados para cada país socio, y formas innovadoras
de asociación vía cooperación Sur-Sur y triangular e iniciativas globales. Ese
esfuerzo promoverá también los objetivos de fortalecimiento del
multilateralismo y la resiliencia de la Unión Europea ante un escenario mundial
de múltiples riesgos interconectados.
Asumiendo ese marco multilateral y europeo,
esta ley promueve una reforma profunda y amplia de la cooperación española para
el desarrollo sostenible, conforme con los principios de buena regulación, de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, y transparencia,
inspirada en los valores de solidaridad de la sociedad española; de
responsabilidad de España en tanto que actor en el ámbito internacional y de
cooperación ante los grandes desafíos que afronta el mundo. Esta ley impulsa un
nuevo paradigma de la cooperación al desarrollo sostenible en su doble
vertiente de política pública y elemento integral, central y definitorio de la
acción exterior del Estado a partir de una visión transformadora. En este
contexto, la renovada cooperación española promoverá la sostenibilidad en todas
sus dimensiones, fomentando la inclusión y la participación, la igualdad y la
equidad, la transparencia y la responsabilidad, de forma que nadie quede atrás,
considerando todos los factores de discriminación y su intersección.
La igualdad de género y el empoderamiento de
mujeres, niñas y adolescentes son un elemento transversal clave del sistema de
cooperación de nuestro país. Es así, que la cooperación española ha realizado
un proceso progresivo de integración del enfoque de género, desde el año 2005
hasta la actualidad, aplicando la doble estrategia de transversalidad y
empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas en todos sus procesos e
instrumentos: desde la planificación a la gestión, el seguimiento y la
evaluación.
De esta forma ha quedado reflejado en los
sucesivos Planes Directores, siendo la igualdad de
género reconocida como una de las señas de identidad de la política para el
desarrollo española.
La propia Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 32,
reconoce la Estrategia Sectorial de Género en Desarrollo de la cooperación
española como el vehículo para aplicar la referida ley en este ámbito,
convirtiéndose en una de las primeras estrategias en el contexto internacional
en reconocer el legado feminista en su aplicación.
Todo este compromiso continuado conforma la
política exterior feminista española, de la que son parte fundamental la
política para el desarrollo y la acción humanitaria. Por eso, esta nueva ley de
cooperación se compromete a consolidar la integración del enfoque de género en
el desarrollo de todos los instrumentos de gestión, reforzando capacidades,
asumiendo un compromiso mayor por la lucha contra todas las formas de violencia
de género y de discriminación, promoviendo el empoderamiento de las mujeres,
niñas y adolescentes en todos los ámbitos.
España, con su política de cooperación, tiene
el objetivo de asegurar a las mujeres, adolescentes y niñas el acceso libre e
igualitario a los servicios sociales básicos, tales como la educación y la
salud, de favorecer su inserción profesional, el acceso a medios de vida y
empleos decentes. La cooperación española velará por su protección frente a
todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina. En
los contextos humanitarios, España velará por la protección a las mujeres, adolescentes
y niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género.
Asimismo, esta ley promueve la participación efectiva de las mujeres,
adolescentes y niñas en los espacios de decisión económicos, políticos y
sociales, así como su participación en las operaciones de mantenimiento de la
paz y de los procesos de paz.
Sumado a lo anterior, esta ley sitúa como
objetivo ineludible afianzar los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, las niñas y las adolescentes como parte fundamental de los derechos
humanos, tanto desde la perspectiva de la salud pública universal, como
principio per se en defensa
de la igualdad de género y el respeto a la diversidad.
El respeto a la diversidad sexual es otra
prioridad indispensable de la cooperación española. Esta ley promueve la
protección y defensa de los derechos de las personas LGTBI, un colectivo
expuesto a discriminación, pobreza, exclusión y criminalización en muchos
países. La cooperación española trabajará para eliminar la criminalización de
la homosexualidad en todo el mundo.
En el balance de la cooperación para el
desarrollo española hay activos que deben ser preservados y potenciados en
cuanto a capacidades, experiencia, conocimiento, presencia y alianzas, y
aspectos que mejorar, incluido un mayor apoyo político y financiero, una
apuesta por un mayor sentido de «sistema» que propicie la concertación y
colaboración de actores, instituciones e instrumentos y mejoras en el marco
regulatorio en línea con una mayor desburocratización y dotación de recursos
técnicos y humanos. De ahí la necesidad de su reforma y fortalecimiento y, en
particular, la adopción de una nueva ley que actualice sus principios,
objetivos, objeto, instrumentos y marco institucional, y le permita responder
mejor a los cambios en la agenda del desarrollo sostenible global.
En primer lugar, la cooperación para el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza global son ya una
política pública asentada y elemento transversal del conjunto de la acción
exterior y de la política exterior española. Cuenta con sus propios objetivos,
alineados con la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea,
iberoamericana y de los principales organismos multilaterales, a cuyo diseño e
implementación España también contribuye activamente, como expresión de los
valores, identidad y responsabilidad de España en el plano internacional. En
buena medida, ese hecho expresa el éxito de la Ley 23/1998, de 7 de julio, y
del consenso social y político que la ha acompañado.
En segundo lugar, España ha ido desplegando
un sistema institucional amplio y diversificado, con distintos actores e
instrumentos adaptados a una agenda de desarrollo compleja y diversa, y es
partícipe activa de alianzas e iniciativas multilaterales innovadoras. Con
ello, también se ha promovido la acción de las Administraciones públicas en la
cooperación internacional para el desarrollo. Ese sistema expresa también el
modelo territorial y de gobernanza de España, y el importante papel de las
comunidades autónomas y los entes locales en el ámbito de la cooperación. El
papel relevante de las comunidades autónomas y los entes locales radica en su
trayectoria y su capacidad de generar alianzas, de movilizar a los actores, de
promover la participación social en sus respectivos territorios, en las
capacidades económicas y sociales, en el conocimiento experto presente en sus
respectivos territorios, así como en el de las propias administraciones en las
áreas de política pública en las que gozan de competencias y capacidades. Ello
representa un activo del sistema en tanto que le otorga un carácter más plural,
descentralizado y abierto a la participación de los diferentes territorios y la
sociedad. A ello se suma la activa participación de universidades, sindicatos y
otras entidades. Esa pluralidad de actores y visiones es sin duda una de sus
fortalezas, pero también plantea desafíos de coordinación, complementariedad y
gobernanza del sistema.
En tercer lugar, la cooperación española
cuenta con un importante acervo de capacidades técnicas y conocimiento experto.
A ello suma capacidades singulares en campos como la cohesión social y
territorial, la igualdad de género, el fortalecimiento institucional, la
cultura y el desarrollo, el agua y el saneamiento, o el apoyo a los pueblos
indígenas y sus derechos, y a otros grupos vulnerables. Cuenta con un amplio
reconocimiento en cuanto a orientación a la demanda y diálogo de políticas con
gobiernos y sociedad civil de los países socios. Se reconoce, así mismo, su
capacidad en el diseño y orientación de políticas y la ejecución de programas y
proyectos, en sus modalidades de cooperación delegada, reembolsable,
triangular, y directa, y la participación de las Administraciones públicas,
incluyendo la cooperación descentralizada. El trabajo realizado por el personal
de la Administración General del Estado, el personal cooperante y el
voluntariado ha sido decisivo para dar a la cooperación para el desarrollo española
su actual prestigio y reputación.
Siendo la política de cooperación para el
desarrollo sostenible un elemento integral, central y definitorio de la Acción
Exterior del Estado, esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.3. Sin
embargo, dicha política no se agota en los elementos esenciales de las
relaciones internacionales, por lo que, según reiterada jurisprudencia
constitucional, existe amplio margen para la acción exterior de las comunidades
autónomas en ejercicio de sus competencias. Por ello y desde esta realidad, la
ley reconoce a la cooperación descentralizada como una de las señas de
identidad y fortaleza de la cooperación al desarrollo sostenible española y
expresión solidaria de sus respectivas sociedades.
En cuarto lugar, la cooperación española
cuenta con un importante despliegue exterior a través de las oficinas de la
cooperación española, los centros culturales y los centros de formación. A ello
se suma la red exterior de otras instituciones públicas, que trabaja en
estrecha relación con las delegaciones de la Unión Europea.
En quinto lugar, el carácter solidario de la
cooperación española se ha basado en un permanente y amplio respaldo social,
como han puesto de relieve las encuestas de opinión, nacionales y en la Unión
Europea, así como la actividad y compromiso de la sociedad civil organizada a
través de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (en adelante,
ONGD) como actores clave del sistema de cooperación desde hace décadas.
Ese diagnóstico se ha confirmado a través de
un amplio proceso de participación y consultas previas, con aportes destacados
de las instituciones que integran el sistema de la cooperación española, del
Consejo de Cooperación al Desarrollo, del Congreso de los Diputados, a través
de la Subcomisión para el Estudio de la Actualización del Marco Normativo y del
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Senado, mediante
el estudio por su Comisión de Cooperación al Desarrollo de la cooperación descentralizada.
Sin menoscabo de esos logros, existen también en la cooperación española
importantes deficiencias y debilidades institucionales y de gobernanza,
carencias de recursos y retos de adecuación y respuesta a la agenda global de
desarrollo. Todo ello limita su potencial y justifica una amplia reforma de la
cooperación española, de carácter sistémico.
Este recuento muestra que la cooperación
española cuenta con un marco legal y un sistema institucional asentado, estando
plenamente integrada en los marcos multilaterales, de la Unión Europea e
Iberoamericana y en la propia acción exterior de España. Asimismo, es un marco
plenamente integrado en el CAD de la OCDE en cuyos debates en este ámbito la
cooperación española participa activamente y cuyas normas y recomendaciones
incorpora. Con más de veinte años en vigor y sin apenas reformas, la Ley
23/1998, de 7 de julio, ha sido su piedra angular. Su éxito y permanencia se
deben a su carácter marco; al apoyo social y al consenso con el que se aprobó
en el Congreso y el Senado, y a la definición de la cooperación para el
desarrollo, dentro de la acción exterior, como una política pública abierta a
la participación de todos los actores, incluida la sociedad civil y el sector
privado.
III
Con todo ello, esta ley se
estructura en cinco capítulos:
El capítulo I, dedicado a la política
española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global,
incluye en su sección 1.ª la política española de cooperación para el
desarrollo sostenible y la solidaridad global encontrándose en el artículo 1 el
objeto, definición y ámbito de aplicación de la ley. En la sección 2.ª se
recogen los principios, objetivos y prioridades. En este capítulo se reafirma
la visión solidaria de la cooperación española, como principio transversal y
elemento distintivo de la acción exterior de España, que de esa manera se
alinea con las metas globales de lucha contra la pobreza y las desigualdades y
de desarrollo sostenible. Junto a sus dimensiones sociales y económicas,
contempla la dimensión ambiental, en particular en materia de clima y
biodiversidad, así como los objetivos de paz, justicia e instituciones sólidas.
El compromiso de la ley con la transición ecológica justa y la justicia
climática es también expresión del principio de solidaridad con las generaciones
futuras. También se afirman los derechos humanos, la promoción de la paz, la
ciudadanía global y la igualdad de género, con una cooperación para el
desarrollo que, como el conjunto de la política exterior, tiene una orientación
feminista.
Junto a la cooperación entre Estados, se
abordan también cuestiones globales que trascienden el carácter internacional
de la cooperación y se sitúan en una perspectiva más amplia de valores
cosmopolitas y de ciudadanía global. Se recoge, en particular, el mandato de
alcanzar, en el plazo acordado por la UE, el 0,7 % de la RNB como Ayuda Oficial
al Desarrollo (en adelante, AOD) para contar con las capacidades y recursos
necesarios para responder a los compromisos multilaterales. Además de la AOD,
se contemplan los instrumentos y recursos incluidos en la métrica del Apoyo
Oficial Total al Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, AOTDS), y alentar la
movilización de recursos adicionales conforme a la Agenda de Acción de Addis
Abeba.
Finalmente, se recogen en un artículo
específico las prioridades geográficas y temáticas, que serán establecidas
periódicamente en los sucesivos Planes Directores y
otros instrumentos de planificación.
El capítulo II se compone de cinco secciones:
la 1.ª, titulada «Planificación, Seguimiento y Evaluación de la cooperación
española para el desarrollo sostenible». Se establece un sistema de cooperación
basado en el conocimiento, con mejor fundamentación doctrinal y técnica de las
estrategias, las políticas, y los diálogos con países socios y con otros
actores, internos y externos, a través de alianzas y redes de conocimiento y
práctica.
La 2.ª sección tiene por objeto regular los
instrumentos y modalidades. La sección 3.ª recoge las acciones públicas
complementarias de la cooperación para el desarrollo sostenible. Se reconoce la
importancia de la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía
global y el fomento de la participación, la justicia global y la solidaridad. A
su vez, la sección 4.ª regula la acción humanitaria en la que se reconoce su
especificidad y su marco normativo diferenciado en el Derecho Internacional;
sus necesidades de gestión, acordes a situaciones de emergencia, la importancia
de un enfoque de nexo entre la promoción de dicha acción humanitaria, y la paz
y el desarrollo, y la necesidad de reforzar la coordinación con otros actores y
de dotarla de las adecuadas capacidades y recursos, estableciendo que al menos
el 10 % de la AOD española se destinará a ese fin. Si bien se asegura un marco
de programación diferenciado y autónomo, también se orienta esta modalidad de
asistencia a objetivos de resiliencia y fortalecimiento de capacidades que
contribuyan a la prevención, mitigación, respuesta y recuperación temprana. La
ley también reafirma la importancia de la cooperación cultural y de la acción
cultural exterior para el desarrollo sostenible, a cargo de la AECID.
La sección 5.ª de este capítulo II, dedicada
a la cooperación financiera para el desarrollo sostenible, tras definir el
objeto de este concepto y sus principios rectores y objetivos, recoge la
creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (en adelante, FEDES,
F.C.P.J.) como instrumento de cooperación financiera sin personalidad jurídica
propia, con nuevos instrumentos y procedimientos decisorios y de gestión más
ágiles, y directrices que mejoren su impacto y aseguren su plena coherencia con
las metas del desarrollo sostenible. Esa reforma del marco regulatorio, la
gobernanza e instrumentos de la cooperación financiera para el desarrollo
sostenible pretende asegurar un enfoque más estratégico y su plena integración
en la cooperación con los países socios, los organismos multilaterales
financieros, y la Unión Europea; su capacidad de apalancar recursos a través de
la financiación combinada; de tener una mejor articulación con el diálogo de
políticas y la cooperación técnica; y de asegurar una adecuada valoración de
riesgos y costes. Para ello se establecen los principios generales que han de
gobernar la cooperación financiera española. En este contexto el fondo
facilitará, entre otros, el cumplimiento de los compromisos asumidos por España
en el ámbito de cambio climático. Igualmente, en esta sección se destinan
varios artículos a la regulación de las modalidades de financiación, los países
destinatarios, la gestión del FEDES, F.C.P.J., que se atribuye a la AECID, y el
control parlamentario.
El capítulo III compuesto por tres secciones,
está dedicado a los órganos competentes en la formulación de la política de
cooperación para el desarrollo sostenible, entre los cuales se cuentan el
Congreso de los Diputados y el Senado (sección 1.ª), el Gobierno (sección 2.ª),
y los órganos de coordinación y consulta (sección 3.ª), en concreto el Consejo
Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global;
la Comisión Interministerial de la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global, como instancia de coordinación de la Administración
General del Estado y la Conferencia Sectorial para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global, que refuerza la participación y coordinación con las
comunidades autónomas y entes locales, de forma que los mandatos de la ley
abarquen el conjunto de actuaciones y recursos de la acción exterior de España
en favor del desarrollo sostenible.
De esta forma, la ley define con precisión el
sistema español de cooperación para el desarrollo sostenible, que actúa bajo la
dirección del Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. Ese sistema comprende las actuaciones en materia de
desarrollo sostenible de ese ministerio y sus órganos dependientes, de manera
directa. También comprende los marcos de gobernanza con los que se asegura una
actuación coordinada del conjunto de la Administración General del Estado y el
sector público estatal, y la colaboración y coordinación con las comunidades
autónomas, en el marco de sus respectivas competencias, y con los entes
locales, y otros actores públicos, privados y de la economía social.
El objeto de esta estructura es fortalecer el
diseño institucional y la gobernanza, procurando una estructura más integrada y
una actuación más coordinada, eficaz y transparente, abierta y participativa, y
capaz de rendir cuentas, conforme a los principios de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo. El reforzamiento de la dirección política del
sistema debe asegurar especialmente que, en aplicación del principio de
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (en adelante, CPDS), los
objetivos de desarrollo sostenible promuevan, informen y orienten la acción
exterior de otros ministerios y entes de la administración; que mejore la
coordinación y la complementariedad con otras administraciones, y que se
aliente la movilización de recursos adicionales a la AOD.
El capítulo IV tiene por objeto regular los
órganos competentes en la ejecución de la política española de cooperación para
el desarrollo sostenible, a lo largo de tres secciones. La 1.ª se refiere a la
Administración General del Estado y organismos dependientes, incluyendo la
AECID, las Oficinas de cooperación española dependientes de esta, y otras
instituciones ejecutoras, como la FIIAPP, F.S.P., especializada en cooperación
técnica entre Administraciones públicas y en materia de gobierno, y la Fundación
Carolina, en el ámbito de la educación superior, ciencia y tecnología,
mejorando su integración en el sistema español de cooperación para el
desarrollo. Finalmente, se alude también a otros ministerios que puedan estar
implicados en la política de cooperación.
Esta reforma contempla, de manera especial, a
la AECID como piedra angular del sistema, que deberá contar con un nuevo
estatuto para reforzar sus capacidades de coordinación, análisis,
interlocución, programación, y diseño y diálogo de políticas, y respuesta
humanitaria. Este organismo contará con autonomía de gestión y flexibilidad
presupuestaria para que sea más ágil y efectivo, y se orientará a la gestión
por objetivos y resultados a través de un nuevo estatuto, con un nuevo
organigrama funcional que le permita una mejor integración de sus funciones de
fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución, y de los
servicios comunes o de apoyo al resto de los actores de la cooperación
española.
A su vez, la sección 2.ª se refiere a la
cooperación descentralizada de las comunidades autónomas y entes locales,
reconociendo sus capacidades, aporte y valor diferencial como expresión plural
y solidaria, y como vía de participación en el sistema de la cooperación
española de sus administraciones y sociedades.
La sección 3.ª se refiere a otras entidades,
que suponen un aporte fundamental al sistema, incluyendo a las ONGD y la
sociedad civil, así como el sector privado, agentes sociales y económicos,
universidades y centros de estudio e investigación.
Por último, el capítulo V regula en su
sección 1.ª el personal al servicio de la Administración General del Estado y
del sector público institucional, en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo sostenible, y, en particular, el régimen jurídico del personal de la
AECID, con el objetivo prioritario de asegurar la retención y atracción de
talento capacitación, especialización y promoción de los recursos humanos. En
su sección 2.ª recoge una mejor previsión normativa dedicando sendos artículos
al personal cooperante y voluntario en el exterior, que se reflejarán en un
nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes que desarrolle esta ley.
CAPÍTULO I
La política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la
solidaridad global
Sección 1.ª La política española de cooperación para el desarrollo
sostenible
Artículo 1. Objeto, definición y ámbito de aplicación.
1.
Esta ley tiene como objeto la
regulación del régimen jurídico de la política española de cooperación para el
desarrollo sostenible y la solidaridad global.
2.
A los efectos de esta ley se
entiende por política de cooperación para el desarrollo sostenible aquella que
define los principios, objetivos, prioridades, instrumentos y recursos que
España despliega, como política pública, a través de su acción exterior para
contribuir, de manera coherente y en todas sus dimensiones, a las metas
globales de desarrollo sostenible establecidas por las Naciones Unidas, en la
actualidad la Agenda 2030, la Agenda de Financiación del Desarrollo Sostenible,
la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, el Acuerdo de París
en el ámbito climático, la Unión Europea y otras instancias multilaterales, y
la estrategia española de desarrollo sostenible en su dimensión exterior.
3.
Esta política se despliega a
través del sistema español de cooperación para el desarrollo sostenible, que
comprende, en cuanto a sus actuaciones en los ámbitos mencionados, al
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación –de manera directa
y en coordinación con el conjunto de la Administración General del Estado y el
sector público estatal y otras entidades de las que es partícipe–; a las
comunidades autónomas y los entes locales; así como a los marcos de gobernanza
y formas de colaboración entre dichas Administraciones en el marco de sus
respectivas competencias, y con otros actores públicos, privados y de la
economía social, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil.
4.
En consecuencia, la presente ley
se aplica al conjunto de actividades que se traducen en transferencias de
recursos públicos, materiales y humanos, que la Administración General del
Estado, por sí o en colaboración con entidades privadas, destina a dichos fines
directamente o a través de organizaciones multilaterales.
Asimismo, establece los principios, objetivos
y prioridades de la política de cooperación internacional para el desarrollo
del conjunto de las Administraciones públicas españolas, así como a los marcos
de cogobernanza y colaboración entre dichas
administraciones y actores, en el marco de sus respectivas competencias.
5.
La política española de
cooperación para el desarrollo sostenible es un elemento integral, central y
definitorio de la Acción Exterior del Estado y, por ello, sujeto al
cumplimiento de los objetivos, fines y directrices de Política Exterior del
Gobierno, que se desarrollará conforme a los principios rectores definidos en
la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado,
y desde la colaboración entre Administraciones respetando el ámbito
competencial de cada una de ellas. Se implementa a través de la política
bilateral, europea y multilateral de España, de otras formas de asociación
entre actores públicos y privados y de iniciativa social en materia de
desarrollo sostenible, a fin de que el conjunto de las políticas públicas y la
actuación del sector privado contribuyan positivamente y de manera coherente al
desarrollo sostenible en los países socios y aseguren los bienes públicos
globales.
La política española de cooperación para el
desarrollo sostenible comprende, por ello, tanto los recursos computables como
Ayuda Oficial al Desarrollo, como otras formas de apoyo y financiación
contempladas en el Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible,
cuantificados con arreglo a las métricas de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE), así como los mecanismos que
aseguran la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
6.
En cumplimiento de los compromisos
multilaterales y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea,
España destinará, al menos, el 0,7 % de la renta nacional bruta (en adelante,
RNB) a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la
OCDE, en el horizonte del año 2030, con objetivos intermedios fijados a través
de los Planes Directores de la Cooperación Española.
Para alcanzar ese objetivo se contemplarán, a
través de una planificación indicativa plurianual, las asignaciones necesarias
en los Presupuestos Generales del Estado basadas en las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio. Desde la colaboración entre
administraciones, se tendrán igualmente en consideración para el cálculo del
cumplimiento del citado objetivo las aportaciones presupuestarias realizadas a
la AOD por las comunidades autónomas, los entes locales y otras entidades
públicas.
Sección 2.ª Principios, objetivos y prioridades de la política
española de cooperación para el desarrollo sostenible
Artículo 2. Principios.
1.
La política española de
cooperación para el desarrollo sostenible se inspira en los valores superiores
de la Constitución Española, comparte los principios y valores sobre los que se
asienta la Unión Europea y orientan su política exterior, así como los principios
de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Asimismo, contribuye a la protección y
promoción de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los principales tratados internacionales sobre derechos humanos y
expresa también la solidaridad del pueblo español con las personas y naciones
más desfavorecidas.
2.
En particular, la cooperación
española para el desarrollo sostenible afirma los siguientes principios
básicos:
a)
La solidaridad con las personas
más desfavorecidas y con las generaciones futuras en favor del desarrollo
sostenible, la erradicación de la pobreza, la cohesión social y territorial y
la lucha contra las desigualdades en el mundo.
b)
El reconocimiento de la
interdependencia y la corresponsabilidad de todas las personas con el
desarrollo sostenible y los derechos humanos, en los que se basan los conceptos
de ciudadanía global y de bienes públicos globales.
c)
El reconocimiento del ser humano,
en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último
del desarrollo, con un enfoque basado en los derechos humanos.
d)
La universalidad e indivisibilidad
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la
dignidad humana, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, origen
nacional o étnico, cultura, lengua, religión o creencias, edad, discapacidad,
orientación sexual, identidad de género, características sexuales, o de
cualquier otra circunstancia personal o social, de manera que nadie quede
atrás.
e)
La igualdad de género, promovida
desde un enfoque feminista, como un elemento imprescindible, transversal y
distintivo de la cooperación española para reducir las desigualdades entre
mujeres y hombres, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de
género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el
empoderamiento de las mujeres, las niñas y las adolescentes, así como afianzar
sus derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de derechos humanos y de
salud pública universal.
f)
Los derechos de la infancia como
elemento transversal de la cooperación española, la inversión en la infancia y
adolescencia, en sus capacidades y participación activa,
con enfoque de género, como vía necesaria para acabar con el ciclo de la
pobreza y la desigualdad, asegurando en todas las intervenciones el respeto al
principio del interés superior de la infancia, y de los principios rectores de
la Convención sobre los Derechos del Niño.
g)
La preservación del planeta, el
clima y la biodiversidad, como sustento de la vida humana, y condición
ineludible y finalidad del desarrollo sostenible. En este sentido, la
cooperación española, incluido a través de la cooperación financiera para el
desarrollo sostenible, contribuirá al cumplimiento de los compromisos asumidos
por España y por los países socios en el ámbito de la lucha contra el cambio
climático.
h)
La defensa y el respeto a la
diversidad en todas sus manifestaciones, incluidas la racial, étnica, social,
política, ideológica, religiosa o de culto, cultural, por discapacidad,
familiar y sexual, y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
i)
La democracia, el Estado de
Derecho, la promoción de instituciones sólidas, eficaces, inclusivas y
transparentes que rindan cuentas, la seguridad humana, y la promoción de una
cultura de paz.
3. Los anteriores principios básicos se
alcanzarán a través de los siguientes principios de actuación:
a)
La cohesión social y territorial,
el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente, como valores asumidos por España y por la Unión Europea, a través de
políticas públicas que promuevan una redistribución equitativa de la riqueza
para favorecer la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y el acceso
igualitario a los medios de vida y a los servicios sanitarios, educativos, de
empleo y culturales, así como el bienestar de sus sociedades.
b)
El protagonismo de las sociedades
de los países en desarrollo en la definición e implementación de sus propias
opciones y estrategias de desarrollo, a las que deberá contribuir la acción
internacional, de acuerdo con las metas comúnmente acordadas en los marcos
multilaterales.
c)
La corresponsabilidad entre los
Estados, a partir de sus distintas capacidades y recursos, y la asociación y
diálogo sobre políticas con los países socios, en pie de igualdad.
d)
El multilateralismo y la
integración regional, en particular en el ámbito europeo e iberoamericano, y un
orden internacional más inclusivo y basado en reglas, a través de
organizaciones internacionales representativas, legítimas y eficaces.
e)
La participación y el pluralismo,
a partir del reconocimiento del papel y el valor diferencial para el desarrollo
sostenible de la ciudadanía, de todos los actores, sean públicos o privados de
las organizaciones empresariales y sindicales y de la sociedad civil, incluida
la infancia, adolescencia y juventud, tanto en España como en los países
socios, y en el ámbito local y multilateral; la importancia de los
partenariados y las alianzas múltiples y abiertas a esos actores en cuanto a
generación y acceso al conocimiento, y la participación en el diseño,
ejecución, evaluación y rendición de cuentas de las políticas de desarrollo
sostenible.
f)
La transparencia y la rendición de
cuentas ante la ciudadanía española, así como ante los países socios, sus
sociedades, y ante otros asociados para el desarrollo sostenible, así como la
protección de la ética y la integridad en la gestión de todas las acciones y
actividades de cooperación para el desarrollo sostenible.
g)
La promoción y apoyo a la
educación y proyectos educativos como vector fundamental para el crecimiento y
desarrollo personal y de la población en conjunto del país receptor.
4. Todo lo expuesto contribuye a la mejor
implementación en el ámbito de la cooperación al desarrollo de los principios
de eficiencia y eficacia vinculados a la Acción Exterior del Estado, a partir
de los principios de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo: protagonismo nacional de los países socios en la definición de
prioridades del desarrollo; asociaciones para el desarrollo inclusivas, con
transparencia y responsabilidad mutua; orientación a resultados, y, en los
marcos internacional, europeo y español, con comunidades autónomas y entes
locales, una adecuada coordinación, complementariedad y división del trabajo,
así como la progresiva armonización y simplificación de los procedimientos de
gestión, desde el respeto a la autonomía para la fijación de objetivos y el
desarrollo de políticas propias dentro de sus competencias.
Artículo 3. Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
La coherencia de políticas para el desarrollo
sostenible (en adelante, CPDS) es un principio y elemento fundamental de la
contribución de nuestro país a la consecución de las metas globales de
desarrollo. En lo que respecta a la política de cooperación para el desarrollo
sostenible, la CPDS se abordará en los órganos de coordinación y consulta
establecidos en esta ley y de manera coordinada con otras estructuras de
gobernanza que aborden las CPDS, en especial las competentes en materia de
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como otras estructuras que
abarquen otras políticas públicas relacionadas. España se compromete a
incorporar los objetivos de la cooperación para el desarrollo sostenible, con
un enfoque de la administración en su conjunto, en todas las políticas internas
y externas que aplique y que puedan tener repercusiones en los países en
desarrollo y en el desarrollo sostenible global, en particular en el marco de
la acción exterior de la Unión Europea y española. Se trabajará con las comunidades
autónomas y los entes locales desde el respeto a las competencias y capacidades
de cada actor, así como en la Unión Europea y en los foros internacionales,
para fomentar la CPDS en todos los ámbitos; se fortalecerá el diálogo con los
países socios en este ámbito, y se prestará apoyo a sus esfuerzos para
garantizar la coherencia de sus políticas en favor del desarrollo sostenible.
Artículo 4. Objetivos y criterios de actuación.
1. La política española de cooperación para
el desarrollo sostenible persigue los siguientes objetivos:
a)
Fomentar el desarrollo humano
sostenible mediante la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en todas sus
dimensiones, sin dejar a nadie atrás. Se prestará especial atención a las
personas más desfavorecidas, excluidas o en situación de vulnerabilidad, en
particular a la infancia, la adolescencia y la juventud, las personas mayores,
las personas con discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, y a todas
aquellas que sufran discriminación o violencia por razones de sexo, de origen
nacional o étnico, culturales, de orientación o identidad sexual y de género,
características sexuales, discapacidad, o de otra índole, con perspectiva de
género e interseccional y un enfoque de derechos.
b)
Promover la justicia social, la
lucha contra el hambre y todas las formas de malnutrición, la salud y la
cobertura sanitaria universal, a través de sistemas nacionales que aseguren la
equidad y la seguridad sanitaria y como bien público global. Promover el acceso
universal a la energía, el agua y el saneamiento, a viviendas dignas, a la
protección social y a un sistema adecuado de cuidados, a la educación, la
cultura y el deporte, a la formación de calidad, la accesibilidad universal y
la superación de las brechas digitales.
c)
Promover el trabajo digno para
todas las personas, la educación y capacitación humana, la erradicación del
trabajo infantil y del trabajo forzoso, la igualdad entre mujeres y hombres en
el trabajo, la protección de los grupos más vulnerables en el trabajo, la
libertad sindical, el diálogo social y los derechos laborales conforme a las
convenciones y convenios de la Organización Internacional del Trabajo y otras
normas internacionales vigentes.
d)
Promover la democracia, los
derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, impulsar
la democracia local, y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, con
instituciones sólidas, eficaces, responsables y accesibles para toda la
ciudadanía y que hagan frente a las distintas manifestaciones de la violencia,
como finalidad última y a la vez condición necesaria del desarrollo sostenible,
la seguridad humana y la paz. Propiciar una sociedad civil fuerte, un espacio
cívico abierto y propicio para la participación democrática, la cultura de paz,
y un adecuado reconocimiento de la memoria democrática.
e)
Alcanzar la igualdad de género,
asegurar la protección y el respeto de los derechos de las mujeres, las niñas y
las adolescentes, desde un enfoque interseccional, incluyendo los derechos
sexuales y reproductivos; fomentar su participación y empoderamiento en la vida
civil, social, económica y política, frente a los obstáculos estructurales que
lo impiden, y establecer para ello alianzas con las organizaciones de mujeres y
otros actores de los países socios, en la esfera internacional, en el marco
europeo e iberoamericano, en otros ámbitos regionales, y en Naciones Unidas.
f)
Promover los derechos de la
infancia, la adolescencia y la juventud, de manera transversal y con enfoque de
género, con los países socios y en las organizaciones regionales y
multilaterales, así como en la acción humanitaria, ampliando y reforzando los programas
de protección social y los sistemas de protección infantil frente a la
violencia; garantizando el derecho universal a la educación desde un enfoque de
calidad, equidad e inclusión; impulsando la lucha contra la desnutrición
infantil; promoviendo la cobertura sanitaria universal con foco en la atención
primaria y la salud materno-infantil y propiciando un medioambiente saludable.
g)
Promover la cohesión social y
territorial, así como nuevos pactos sociales, a través del diálogo social, una
fiscalidad justa, eficaz y progresiva, políticas redistributivas, y mayor
conectividad a los servicios digitales, para promover el acceso incluyente y
equitativo a servicios públicos de calidad.
h)
Promover la gobernanza democrática
global y marcos regulatorios inclusivos, legítimos y eficaces en los ámbitos de
los derechos humanos, de la deuda, el comercio, la tecnología, el empleo o la
fiscalidad, para conseguir una más equitativa distribución de las oportunidades
de desarrollo entre países y personas.
i)
Prevenir, gestionar y ayudar a
resolver las crisis y los conflictos armados; prevenir y atender las
necesidades humanitarias; fortalecer la resiliencia de las sociedades ante
riesgos y crisis; construir una paz duradera y una buena gobernanza democrática
de la seguridad a partir del triple nexo entre acción humanitaria, desarrollo y
paz.
j)
Fomentar un enfoque integral de la
migración, centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de
la misma, en la movilidad a través de canales regulares, ordenados y seguros,
en el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de
personas y en la protección de las víctimas y supervivientes, y en la atención
de las necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de
desplazamientos forzosos, conforme al Derecho Internacional, y en particular
los Derechos Humanos.
k)
Proteger el planeta y el medio
ambiente, preservar y restaurar la biodiversidad, hacer frente al cambio
climático mediante la mitigación de sus causas y la adaptación a sus efectos,
promover la justicia climática, una transición energética justa hacia la
neutralidad climática, la economía circular y ciudades sostenibles. Todo ello
mediante políticas públicas nacionales, el desarrollo local y territorial, y un
sector privado que asegure una gestión sostenible de las cadenas de valor y de
los recursos naturales, con soluciones basadas en la naturaleza. Establecer
para ello alianzas con las organizaciones de defensa del medio ambiente y otros
actores de los países socios, en la esfera internacional, en el marco europeo e
iberoamericano, en otros ámbitos regionales, y en Naciones Unidas.
l)
Promover economías prósperas,
inclusivas y sostenibles, con empleos dignos, fomentando la participación
equilibrada de mujeres y hombres. A tal efecto se apoyará a las empresas y al
tejido productivo, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas y
la economía social; a las infraestructuras resilientes sostenibles, y
accesibles; a la transformación productiva mediante el uso de la tecnología
digital, y a un sistema económico internacional basado en reglas, favorable al
comercio y la inversión sostenible, que haga frente a los flujos financieros
ilícitos.
m)
Apoyar la seguridad alimentaria,
así como una agricultura y sistemas alimentarios sostenibles y resilientes,
incluida la pesca y la agricultura familiar.
n)
Promover el diálogo, la cooperación cultural y la acción cultural para el desarrollo
sostenible, impulsando las expresiones culturales en toda su diversidad, así
como la dimensión cultural del desarrollo y su función generadora de riqueza,
empleo digno, participación y cohesión social. Se impulsará también la protección
y promoción de la libertad creativa, el reconocimiento de todas las personas a
participar libremente en la vida cultural; la conservación del patrimonio
cultural, el acceso igualitario a equipamientos y servicios culturales de todos
los sectores de la población, y el impulso a las industrias culturales y
creativas, todo ello garantizando la accesibilidad universal.
o)
Promover la generación de
conocimiento, la ciencia, tecnología y la innovación, así como la transferencia
de conocimiento, y las tecnologías orientadas a impulsar el desarrollo
sostenible, la lucha contra el cambio climático, y la inclusión social.
p)
Apoyar el desarrollo económico,
social y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la
lucha contra toda forma de exclusión y defender y promover sus derechos, en
especial el derecho a participar de forma efectiva en las decisiones que les
afectan; establecer para ello alianzas con sus autoridades propias y
organizaciones representativas en los países socios y en el marco
internacional, de Naciones Unidas, europeo, iberoamericano y en otros ámbitos
regionales.
q)
Proteger y promover los derechos
de las personas LGTBI en todo el mundo,
contribuyendo así a la
diversidad de las sociedades.
2. En el marco de los objetivos que se
persiguen, la política española de cooperación para el desarrollo sostenible
velará por:
a)
Promover partenariados y alianzas
múltiples para el desarrollo sostenible, que movilicen el conocimiento y acción
de todos los actores, en España, la Unión Europea y en los países socios, así
como en el ámbito local y multilateral, a través del diálogo de políticas y de
la participación y el fortalecimiento de capacidades en la planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo.
b)
Promover el compromiso de la
sociedad española y contribuir al compromiso de la sociedad europea con el
desarrollo sostenible y la idea de ciudadanía global, fomentando en particular
la participación infantil y juvenil y el pensamiento crítico y la implicación
activa en los cambios sociales, a partir de una concepción solidaria basada en
la asunción de obligaciones con el conjunto de la humanidad, especialmente las
personas más desfavorecidas y vulnerables, con el planeta y con las
generaciones futuras. Todo ello se abordará mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía global como instrumento para la
transformación ecosocial de nuestra sociedad y del
Sur global de manera solidaria, justa, inclusiva, responsable, pacífica y
sostenible, con un papel clave de la cooperación descentralizada.
c)
Integrar el enfoque de género,
desde una perspectiva interseccional, en el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación en todos los procesos, instrumentos y recursos recogidos a los que
se hace referencia en el capítulo II de esta ley.
Artículo 5. Prioridades geográficas y temáticas.
1.
La política española de
cooperación para el desarrollo sostenible planificará y organizará su actuación
en el marco de los objetivos y metas globales de desarrollo sostenible. Dentro
de ellas, como reflejo de la diversidad de situaciones sobre las que opera,
establecerá prioridades geográficas, orientadas a las regiones y países que
serán objeto preferente de la cooperación española; y temáticas, dirigidas a
determinados ámbitos y sectores de actuación preferente, de acuerdo con los
objetivos establecidos en el artículo 4.
2.
La definición de estas prioridades
geográficas y temáticas, que serán establecidas periódicamente en los sucesivos
Planes Directores a que se refiere el artículo 6.3, prestará especial atención
a la cooperación con los países menos avanzados, pero también contemplará
aquellos países de desarrollo en transición, que, más allá de su clasificación
por nivel de renta, siguen enfrentando retos importantes en materia de
desigualdad, de reducción de la pobreza y de cooperación avanzada para la
transición al desarrollo sostenible. Para ello se tendrán en cuenta indicadores
de desarrollo humano, desigualdades y pobreza de carácter multidimensional e
interseccional, desde una perspectiva de derechos, con especial atención a las
brechas de género; así como aquellos relativos a la dimensión ambiental, a la
vulnerabilidad climática y a los referidos a las metas de paz, seguridad y buen
gobierno acordadas por Naciones Unidas. En las prioridades temáticas se
potenciarán los sectores concretos donde España y los actores del sistema de
cooperación para el desarrollo sostenible hayan demostrado un conocimiento,
experiencia y valor añadido.
3.
Junto a esos criterios de
desarrollo, y teniendo presente lo establecido en la Ley 2/2014, de 25 de
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en la definición de las
prioridades geográficas, se otorgará atención preferente a las áreas que integran
la vecindad geográfica y cultural en el norte de África, Oriente Próximo y
África subsahariana, en particular a los países de África Occidental y Sahel, y
de habla española y portuguesa, así como a los países de América Latina y el
Caribe y en el marco iberoamericano.
Así mismo, se construirán alianzas con los
países con mayores desigualdades, y con los países de asociación y de
cooperación con mayor grado de intereses y valores compartidos en el ámbito del
desarrollo sostenible. En coordinación con la Unión Europea, la cooperación
española podrá actuar en países y regiones de especial importancia para la
acción exterior de la Unión Europea. También podrán atenderse casos especiales
de violación de derechos humanos en contextos de fragilidad y situaciones de
alto impacto social y ambiental con repercusiones globales. Sin perjuicio de
las anteriores prioridades geográficas, podrán llevarse a cabo intervenciones
de acción humanitaria en otros contextos geográficos si así lo requieren las
necesidades humanitarias.
4.
España impulsará la coordinación,
la complementariedad y la coherencia, en particular, con relación a la
cooperación de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Participará de los
mecanismos de programación, ejecución seguimiento y evaluación conjuntas, y
contribuirá a la progresiva construcción de la política de cooperación para el
desarrollo sostenible de la Unión Europea, con especial atención a las
prioridades geográficas y temáticas de la cooperación española.
CAPÍTULO II
Planificación, instrumentos, y modalidades de la cooperación española
para el desarrollo sostenible
Sección 1.ª Planificación, seguimiento y evaluación de la cooperación
española para el desarrollo sostenible
Artículo 6. Planificación.
1.
Los objetivos y metas de
desarrollo sostenible acordados en Naciones Unidas y otros marcos
multilaterales; la política de desarrollo de la Unión Europea; la estrategia
española de acción exterior, y las que se adopten en materia de desarrollo
sostenible y su financiación, y lucha contra el cambio climático conforman el
marco general de la planificación y dirección estratégica de la política de
cooperación española para el desarrollo sostenible.
2.
La planificación estratégica se
articula a través de los siguientes instrumentos: el Plan Director
de la política de cooperación para el desarrollo sostenible; los Marcos de
Asociación y Alianzas País para el desarrollo sostenible; los Marcos de
Asociación Estratégica Multilateral; las Estrategias temáticas y regionales
para el desarrollo sostenible; y las Comunicaciones Anuales.
3.
El Plan Director
establecerá la política de cooperación para el desarrollo sostenible y la
solidaridad global, a través del sistema español de cooperación para el
desarrollo sostenible en el marco de las respectivas competencias de cada
administración. Abarcando un periodo máximo de cuatro años, estará orientado a
alcanzar el máximo impacto y resultados de desarrollo, e incorporará la
contribución del conjunto de políticas públicas y de su colaboración con otras
entidades a las metas internacionales de desarrollo sostenible; definirá, para
cada periodo y en lo concerniente a la Administración General del Estado, las
modalidades e instrumentos de cooperación, así como sus prioridades y
estrategias geográficas y temáticas, y un presupuesto plurianual indicativo en
coherencia con lo dispuesto en el artículo 1.6. El Plan Director
será coherente con la estrategia que España adopte en materia de Desarrollo
Sostenible, así como con la Estrategia Europea en este ámbito.
4.
El Plan Director
será elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional,
oído el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global. El procedimiento incorporará trámites de consulta y
audiencia pública que posibiliten la más amplia participación ciudadana. Previo
debate y dictamen en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el Plan Director será aprobado por el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
5.
España establecerá con los países
identificados en el Plan Director Marcos de Asociación y Alianzas País, que,
–observando los estándares internacionales sobre eficacia de la cooperación
acordados en el Comité de Ayuda al Desarrollo y el Foro de Cooperación para el
Desarrollo de las Naciones Unidas–, estarán guiados particularmente por los
principios de protagonismo y apropiación por parte del país; concentración en
resultados; alianzas inclusivas; y transparencia, evaluación y rendición de
cuentas mutua y de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Los
Marcos de Asociación y Alianzas País deberán fomentar una participación plural
y representativa de la sociedad civil en España en los países de cooperación y
en España, incluidos aquellos con espacio cívico y democrático restringido.
6.
Los Marcos de Asociación y
Alianzas País son los acuerdos internacionales, de naturaleza administrativa,
que establecen el marco institucional estratégico de cooperación y diálogo de
políticas para el desarrollo sostenible de España con los países socios. El
documento que los concreta reflejará las prioridades acordadas con el país
socio y sus instituciones. Estos acuerdos guiarán la cooperación para el
desarrollo sostenible bilateral que desarrolle el sistema español de
cooperación al desarrollo, e incluirán el conjunto de flujos públicos y
privados de financiación para el desarrollo sostenible.
7.
Los Marcos de Asociación y
Alianzas País serán elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, y se diseñarán y adaptarán teniendo en cuenta el diálogo de políticas
con las autoridades del país socio, nacionales y locales, en diálogo con la
sociedad civil y los actores no estatales relevantes en esos países, así como
el marco de cooperación para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y
la programación conjunta de la Unión Europea en esos países, y la actuación de
otros actores, en atención a los principios de coordinación y
complementariedad; contarán con un presupuesto plurianual indicativo y
adaptarán su marco temporal a las que se adopten en las estrategias de
desarrollo sostenible del país socio.
La elaboración de dichos Marcos estará
abierta a la participación, desde España, de todos los actores, incluyendo a la
cooperación descentralizada, y servirán de marco de trabajo de esta, con el
reconocimiento y apoyo institucional necesario.
8.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, elaborará, conjuntamente con el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y con la participación de otros departamentos
ministeriales, una estrategia específica de política multilateral para el
desarrollo, en el marco del Plan Director y de la
planificación de la acción multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
9.
A partir de esa estrategia, podrán
acordarse Marcos de Asociación Estratégica Multilateral con aquellos organismos
internacionales financieros y no financieros identificados como prioritarios.
Estos Marcos serán elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, a través la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, en colaboración con otros departamentos ministeriales
competentes. Definirán las prioridades de cooperación para el desarrollo
sostenible de la Administración General del Estado, establecerán las áreas de
trabajo conjunto, contarán con un presupuesto plurianual indicativo y ajustarán
su duración a los marcos de planificación estratégica de los organismos socios.
10.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, podrá establecer estrategias temáticas y regionales
para la concreción de políticas de desarrollo sostenible en regiones geográficas
y en ámbitos temáticos horizontales que considere de especial relevancia, con
el objeto de orientar la política de Cooperación de la Administración General
del Estado, en particular en los así considerados por el Plan Director.
11.
La Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional elaborará la Comunicación Anual que concretará la
ejecución de los objetivos establecidos por el Plan Director
dentro de cada ejercicio presupuestario anual.
12.
El Gobierno asegurará la inclusión
de los objetivos de la política de cooperación para el desarrollo sostenible en
las políticas e instrumentos de planificación en otros ámbitos de política
pública a cargo de la Administración General del Estado, en consonancia con el
principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Artículo 7. Seguimiento.
1.
La cooperación española
establecerá un sistema de seguimiento de las acciones de la Administración
General del Estado y entidades dependientes de la misma en el ámbito de la
cooperación con el fin de asegurar una adecuada gestión del ciclo de las
actuaciones y de sus resultados. Estas acciones deberán incorporarse al sistema
de seguimiento a través de sus respectivas entidades gestoras o ejecutoras,
delimitándose las responsabilidades concretas por parte de cada agente y los
medios previstos para atender dichas responsabilidades. Este sistema incluirá
información en tiempo real sobre la aprobación y ejecución de cada operación y
sus desembolsos, así como sus documentos de formulación, e informes de
seguimiento y evaluación, con independencia de los actores que los realicen.
2.
El sistema de seguimiento se
integrará en el Plan Director, los Marcos de
Asociación y Alianzas País y los Marcos de Asociación Estratégica con
organismos multilaterales, así como en otros documentos de planificación
definidos en el artículo 6.
Artículo 8. Evaluación.
1.
La evaluación será acorde a los
principios de independencia, imparcialidad, credibilidad y utilidad y otros
principios y estándares internacionales vigentes, como pertinencia, eficacia,
eficiencia, sostenibilidad e impacto con carácter participativo y un enfoque
integral, para valorar de manera independiente el impacto del sistema de la
cooperación española en su conjunto en cuanto a resultados de desarrollo, y que
contribuya a la generación de conocimiento para su mejora, en todos los
ámbitos, así como a la transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional,
europeo e internacional, abordando todas las fases del ciclo de la política de
cooperación al desarrollo, desde el diseño de resultados hasta sus resultados e
impactos. También será objeto del marco de evaluación el análisis de
interacciones de políticas por impacto global bajo el principio de coherencia
de políticas para el desarrollo sostenible.
2.
La planificación, ejecución y uso
de los resultados de la evaluación se realizará atendiendo a los principios e
instrumentos contenidos en la normativa aplicable a la evaluación de políticas
públicas en la Administración General del Estado.
3.
La evaluación se integrará en el
Plan Director y otros instrumentos de la planificación
de la cooperación española para el desarrollo sostenible, y estará alineada con
los sistemas de evaluación de políticas públicas en la Administración General
del Estado, y de los países socios y las instituciones asociadas siempre que
sea posible.
4.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, será la responsable de la evaluación de la política
de cooperación para el desarrollo sostenible de la Administración General del
Estado y organismos dependientes en su conjunto, y de los programas y proyectos
financiados con fondos de la Administración General del Estado. Dicha
Secretaría de Estado pondrá a disposición del resto de agentes y de la
ciudadanía la información relativa a dicha evaluación, cuyos principales
elementos y conclusiones, incluyendo la respuesta de la administración, serán
públicos y accesibles, y se incluirán en el Informe Anual de Evaluación que se
presente a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Congreso de los Diputados y del Senado.
5.
Se establecerá la Oficina de
Evaluación de la cooperación española (en adelante, OECE) como unidad adscrita
a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional quien pondrá a su
disposición medios personales, técnicos y presupuestarios para el cumplimiento
de su función. Esta oficina definirá y llevará a cabo el plan de evaluación de
la cooperación española desarrollada por la Administración General del Estado y
organismos dependientes conforme a lo dispuesto en este artículo y en
coherencia con el Plan de Evaluaciones Estratégicas cuatrienal del Gobierno y
el Plan bienal de Evaluación del Departamento, y definirá la metodología de la
evaluación en coordinación con la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas
Públicas. La OECE gestionará las evaluaciones estratégicas, coordinará a los
actores del sistema de evaluación de la cooperación española en el ámbito de la
Administración General del Estado, impulsará mecanismos de coordinación con el
resto de actores y representará a dicho sistema en
foros internacionales. El gobierno regulará a través de normativa específica el
régimen administrativo de la OECE para asegurar su independencia para el
cumplimiento de las funciones previstas en esta ley.
6.
Las comunidades autónomas y resto
de actores de la cooperación descentralizada tienen sus propios sistemas de
evaluación de sus políticas de cooperación, por lo que no estarán sujetas a la
evaluación regulada en este artículo.
Artículo 9. Gestión de conocimiento e innovación.
1.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, establecerá y pondrá a disposición de todos los
actores un sistema de gestión de conocimiento e innovación, en tanto que elemento
indispensable para incorporar los aprendizajes del ciclo de planificación,
seguimiento y evaluación de esta materia, que contribuya a generar, organizar,
consolidar, difundir e incorporar el conocimiento y la innovación sobre su
práctica y resultados.
2.
Asimismo, se contribuirá al
estudio, al análisis, a la elaboración de propuestas y a la difusión en materia
de diseño, fundamentación, innovación y eficacia de las políticas de desarrollo
sostenible, en colaboración con universidades y otros actores, mediante el
fomento de trabajos de investigación y análisis, la organización de
actividades, la creación de redes, y otros instrumentos que contribuyan al
avance y la generación de conocimiento en este ámbito. Y se contribuirá a la
difusión e intercambio de conocimiento y experiencias de proyectos piloto,
buenas prácticas, así como proyectos innovadores, que se podrán poner a
disposición no sólo de los actores de la cooperación española, sino también de
otros órganos o agentes interesados.
Sección 2.ª Instrumentos y modalidades
Artículo 10. Instrumentos y modalidades.
1.
La cooperación española combinará
la utilización de diferentes instrumentos y modalidades para responder los
compromisos de España con la Agenda de Financiación para el Desarrollo, y en
concreto, a la realidad y al diálogo de políticas con el país socio y a los
partenariados y alianzas con múltiples actores, con el objetivo de lograr el
mayor impacto y efectividad en el desarrollo sostenible. El uso de distintos
instrumentos buscará, cuando sea posible, el apalancamiento de recursos
adicionales, públicos y privados, con el objetivo de mejorar el apoyo técnico y
de conocimiento y la financiación para el desarrollo de los países socios.
2.
La cooperación española utilizará,
entre otros, los siguientes instrumentos o modalidades:
a)
Ayuda programática a los países
socios: se refiere al apoyo al país socio bien mediante apoyos presupuestarios
generales y sectoriales; bien mediante la participación en fondos comunes, o
bien mediante programas y proyectos integrados que apoyan los programas y
proyectos del país socio utilizando los sistemas nacionales de gestión sujeto a
estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas y en un
marco de coordinación y complementariedad con otros socios.
b)
Proyectos y programas: a efectos
de esta ley, los proyectos se definen como actividades que tienen un objetivo
definido, una zona geográfica delimitada, con unos recursos y plazos de
ejecución predeterminados y para un grupo determinado de destinatarios finales,
con el fin de solucionar problemas específicos o mejorar una situación
concreta. Utilizarán preferentemente los sistemas y procedimientos del país
socio o, en su caso, los procedimientos y estándares internacionalmente
reconocidos de organismos multilaterales, y en su diseño se fijarán los
resultados específicos a alcanzar para la consecución de los objetivos
establecidos.
Los programas son un conjunto integral de
acciones y actividades diseñadas para alcanzar determinados resultados de
desarrollo en un marco temporal determinado. Estos podrán enmarcarse en un
ámbito regional o temático determinados o estar dirigidos a colectivos
específicos.
c)
Cooperación técnica: a efectos de
esta ley, se define como el conjunto de actividades dirigidas bien al
fortalecimiento de capacidades institucionales y de recursos humanos del país
socio y de los actores de desarrollo, públicos, privados y de iniciativa
social, bien al apoyo de la gestión integral del ciclo de proyectos y programas
de cooperación y otras operaciones de cooperación financiera reembolsable.
Podrá incluir actividades de formación y capacitación técnica, becas de
estudio, acompañamiento y transferencia de conocimiento y tecnología, entre
otras modalidades. Se planteará como cooperación técnica pública cuando se
involucren instituciones públicas y su personal y se oriente de manera
específica a establecer alianzas con las Administraciones públicas de los
países socios.
A tal efecto, se promoverá la participación
de las Administraciones públicas y de su personal en España y en la Unión
Europea en alianzas más amplias para la cooperación para el desarrollo
sostenible.
d) Cooperación multilateral: se refiere a los
fondos ejecutados a través de
organismos internacionales,
que incluyen:
1.º Contribuciones obligatorias, que deberán
ser establecidas mediante los tratados internacionales y acuerdos de España con
el organismo correspondiente.
2.º Contribuciones voluntarias a recursos
regulares o programas temáticos, que puedan ir destinadas a apoyar la ejecución
de las estrategias de los organismos y, por tanto, la consecución de sus
objetivos.
3.º Contribuciones reembolsables y no
reembolsables a fondos globales y a fondos fiduciarios específicos, u otros
mecanismos.
4.º Contribuciones voluntarias asignadas a un
objetivo, país o región específica coincidente con las prioridades del Plan Director.
Las contribuciones a los organismos
multilaterales se realizarán de acuerdo con las prioridades establecidas por el
Plan Director y la estrategia multilateral de
cooperación para el desarrollo, y serán desembolsadas por los ministerios que
corresponda, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional.
e)
Cooperación financiera para el
desarrollo sostenible: perseguirá el desarrollo humano y económico de los
países socios, en el marco de las metas globales de desarrollo sostenible, por
medio de inversiones o transferencias de recursos económicos de naturaleza
reembolsable y no reembolsable, siendo su objeto responder a los retos de
financiación global del desarrollo conforme se refleja en el artículo 14. Este
instrumento podrá tener diferentes modalidades como préstamos, créditos, líneas
de crédito, operaciones de capital, operaciones de garantía u operaciones
mixtas, así como donaciones para cooperación técnica diálogo de políticas,
bonificación de intereses y contribuciones a fondos fiduciarios de organismos
internacionales en el marco de la cooperación multilateral.
f)
Participación en los instrumentos
de la Unión Europea, incluida la cooperación delegada: además de ser parte en
el diseño y planificación de la política de cooperación de la Unión Europea, la
participación en la ejecución de esta política constituye un instrumento
integral de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible.
La cooperación delegada supone la encomienda por parte de la Unión Europea a
una entidad pública española de la responsabilidad de la ejecución
presupuestaria y el diálogo con las entidades beneficiarias, asumiendo un papel
comparable al de la Comisión Europea en la implementación de dichos programas y
proyectos.
g)
Alivio de deuda: incluirá
cualquier acción acordada con los países socios que mejore los términos de
devolución de los créditos, mediante su cancelación, reestructuración, o a
través de acuerdos de canje que permitan reasignar los pagos para la devolución
de los créditos a la financiación de los objetivos globales de desarrollo
sostenible.
Estas acciones tendrán presentes la
especificidad de los instrumentos desarrollados al amparo de las políticas de
apoyo de la internacionalización española, entre otros, los relacionados con la
financiación reembolsable, el apoyo a la inversión internacional, el seguro de
crédito a la exportación por cuenta del Estado, y la restructuración de la
deuda comercial.
Estas medidas serán adoptadas conforme a lo
establecido por la normativa reguladora de la gestión de la deuda externa.
h)
Cooperación triangular: la
cooperación española también apoyará acciones de cooperación de un país socio
con otro país en desarrollo o varios de ellos, aportando recursos técnicos,
financieros, materiales y de otra índole, asumiendo los principios de horizontalidad,
beneficio mutuo y mutua responsabilidad, aprendizaje mutuo y gestión del
conocimiento, gestión compartida orientada a resultados de desarrollo, eficacia
y eficiencia propios de esta modalidad de cooperación.
i)
Alianzas estratégicas de múltiples
actores: con el fin de desarrollar de manera eficaz y flexible los objetivos de
la política de cooperación y la asociación entre varios actores o entidades, y
de diferentes niveles de gobierno, en particular en lo referido a la provisión
de bienes públicos globales y regionales, podrán establecerse alianzas
estratégicas entre el Gobierno de España y una o varias entidades públicas o
privadas. Estas podrán hacer uso de uno o varios de los instrumentos descritos
en los apartados anteriores, compartir conocimiento, capacidades técnicas y
recursos financieros y no financieros y podrán incluir el apoyo a los recursos
regulares de una o varias entidades para el ejercicio de sus funciones,
mediante convenio específico.
j)
Generación y transferencia de
conocimiento: la cooperación española llevará a cabo y apoyará acciones de
formación e investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo
sostenible global, de manera directa y en colaboración con centros de investigación
y universidades, fomentando la aproximación multidisciplinar de los estudios
del desarrollo. Estas actividades incluirán becas de estudios y movilidad
académica para estudiantes y personal investigador, y prestarán atención tanto
a la investigación básica como a la aplicada, y a las actividades de
transferencia, para promover el aprendizaje a partir de la práctica, y alentar
la innovación en todos los actores del sistema.
k)
Cooperación cultural: comprende
las actividades de promoción y difusión de las expresiones culturales, en toda
su diversidad; de generación de bienes y servicios culturales y de ampliación
del acceso a los mismos para toda la población; de conservación y puesta en
valor del patrimonio cultural, material e inmaterial; y de intercambio
cultural, entre España y los países socios, así como el fomento de la dimensión
cultural del desarrollo, tanto por su valor intrínseco, como su papel como
actividad de generación de riqueza y cohesión social y territorial, y elemento
transversal de la cooperación para el desarrollo sostenible.
l)
Cooperación bilateral: cuando las
actividades de cooperación al desarrollo son realizadas por las
Administraciones públicas españolas con el país receptor, bien a través de los
gobiernos socios y otros actores públicos o privados locales (bilateral directa)
o a través de organismos internacionales (multibilateral).
Sección 3.ª Acciones públicas complementarias de la cooperación para
el desarrollo sostenible
Artículo 11. Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.
1.
La Educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía global comprende las acciones de educación,
sensibilización y comunicación a través de los medios de comunicación y la
educación formal, desde la etapa infantil hasta la universitaria, en la no formal
y en la informal, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia. Su
objetivo es promover en la sociedad española la información, el conocimiento
crítico y la comprensión de las dimensiones globales del desarrollo sostenible
y la solidaridad de acuerdo con los principios contemplados en esta ley. Se
potenciará el rol clave que juega la cooperación descentralizada en su
promoción, en el marco de sus competencias y desarrollo autonómico, respetando
sus propias normativas creadas a tal fin. De igual manera promoverá el
compromiso transformador, la participación social y el voluntariado para el
desarrollo sostenible global a través de las organizaciones sociales y las
ONGD.
2.
En el marco de sus respectivas
competencias, los poderes públicos trabajarán en favor de la inclusión de la
educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global con formación
basada principalmente en competencias, en los planes y programas educativos en
la educación obligatoria, en la universitaria, en la formación profesional y en
la formación del profesorado, y se apoyará el desarrollo de actividades de
sensibilización y educación dirigidas a la ciudadanía a través de los medios de
comunicación y otros actores, en particular los contemplados en el artículo 38
de esta ley.
3.
La investigación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía global es la disciplina de la
investigación académica y aplicada que versa sobre el análisis, monitoreo,
evaluación de políticas de desarrollo sostenible y la formulación de propuestas
para las mejoras de dichas políticas y su adaptación a las nuevas tendencias de
desarrollo en un mundo cambiante. Se promoverá la dedicación a esta disciplina,
en colaboración con los agentes de la cooperación española, con las
universidades públicas y privadas con sede en España y con todos los agentes
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, para avanzar en la
mejora continua de los procesos de formulación, implementación y seguimiento de
las políticas de desarrollo sostenible de la cooperación española.
4.
La planificación indicativa
plurianual a la que se refiere el artículo 1.6 contenida en los Planes Directores, incluirá objetivos presupuestarios mínimos sobre
el total de la Ayuda Oficial al Desarrollo relativos a las actividades de
educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el marco de
los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 12. Fomento de la participación, la justicia global y la solidaridad.
Las Administraciones públicas, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos,
promoverán por sí mismas o en el marco de partenariados y alianzas con otros
actores, el fomento del voluntariado y la participación de la sociedad española
en las iniciativas a favor de la solidaridad y la justicia global, en apoyo de
la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo sostenible global y
las iniciativas de comercio justo, a través de las actividades educativas
previstas en el artículo 11, de campañas de información y divulgación,
programas formativos y demás medios que se estimen apropiados para tal fin.
Conforme a la legislación sobre Voluntariado,
dichas campañas podrán realizarse tanto en España como en países o territorios
receptores de cooperación al desarrollo o en cualquier país donde existan
necesidades humanitarias, sin perjuicio de las actividades realizadas en este
ámbito por el personal cooperante.
Sección 4.ª La acción humanitaria
Artículo 13. La acción humanitaria.
1.
La acción humanitaria es el
conjunto de acciones orientadas a proteger y salvar vidas, prevenir y aliviar
el sufrimiento humano, atender las necesidades básicas e inmediatas, y proteger
los derechos y la dignidad de las personas afectadas por crisis de origen
físico-natural o climático o provocadas por la acción humana, sean momentáneas
o prolongadas en el tiempo, y de aquellas que padecen las consecuencias de la
violencia generalizada y los conflictos armados, incluyendo los desplazamientos
forzados de población, con un enfoque de reducción de la vulnerabilidad y
fortalecimiento de capacidades. Incluye acciones de prevención y preparación
ante desastres, respuesta a emergencias, atención a crisis complejas, crónicas
y recurrentes, la recuperación temprana y la protección de las personas en
situación de especial vulnerabilidad, así como la acción exterior del Estado
orientada a fortalecer las normas y la acción humanitaria internacional.
2.
Sin perjuicio de sus objetivos de
prevención, asistencia y protección, siempre que sea pertinente y las
circunstancias lo permitan, las acciones de acción humanitaria se diseñarán e
implementarán con un enfoque integrado entre las prioridades humanitarias, el
desarrollo sostenible y la construcción de la paz.
3.
La acción humanitaria española se
rige por el Derecho Internacional Humanitario y otras normas aplicables y por
los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia,
otorgando prioridad en la asistencia a quienes más lo necesitan, de manera no
discriminatoria, así como por las normas internacionales sobre refugio,
desplazamiento forzoso y derechos humanos. Desde el compromiso con el
multilateralismo, la acción humanitaria española se guiará por los marcos
estratégicos adoptados en el seno de las Naciones Unidas y de la Unión Europea.
Contribuirá a las metas internacionales de
calidad, eficacia y rendición de cuentas de la acción humanitaria. Tendrá a su
vez presente la dimensión de género de las crisis humanitarias y las especiales
necesidades de asistencia y protección de las mujeres, las adolescentes y las
niñas, como las que supone la violencia sexual en situaciones de conflicto
armado, y las que planteen otros colectivos vulnerables, especialmente la
infancia y la adolescencia y las personas con discapacidad, desde una perspectiva
interseccional, así como su autonomía y capacidad de respuesta para la
recuperación de sus medios de vida y su papel en la sociedad.
En este sentido, se promoverán acciones para
garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva a las mujeres y las
niñas en contextos de emergencia y crisis humanitaria, en coordinación con las
organizaciones locales reforzando sus capacidades y su protagonismo.
4.
El Plan Director
y otros instrumentos de planificación asegurarán la autonomía de esta modalidad
de ayuda en su programación y ejecución respecto de las prioridades geográficas
y temáticas que rigen para los otros instrumentos y modalidades de cooperación,
a fin de que puedan responder de manera coherente a los principios
humanitarios.
España, en cumplimiento de sus compromisos
internacionales, destinará al menos el 10 % de los recursos de la AOD a la
acción humanitaria. A efectos de contabilización del cumplimiento del límite
anterior, en su cálculo se tomarán en consideración, además de los recursos
habilitados a tal concepto en los Presupuestos Generales del Estado, las
aportaciones realizadas a tal fin por el resto de las Administraciones
públicas.
5.
La acción humanitaria puede ser
llevada a cabo por las Administraciones públicas directamente o bien a través
de organizaciones humanitarias imparciales, otras organizaciones no
gubernamentales, y organizaciones internacionales, en particular del sistema de
Naciones Unidas y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También podrá ser llevada a cabo por
empresas privadas contratadas al efecto por dichos actores.
España propiciará y apoyará la búsqueda de
respuestas internacionales coordinadas a las situaciones de emergencia y crisis
humanitarias, particularmente en relación con las instancias especializadas de
la Unión Europea y Naciones Unidas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación coordinará, en nombre del Gobierno, la acción humanitaria
de la cooperación española.
La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID) establecerá respecto de
la Administración General del Estado y entidades dependientes de la misma, los
lineamientos de política, los mecanismos de programación, gestión, seguimiento
y coordinación, los procedimientos operacionales y de seguridad en los países y
territorios en los que se actúe, así como las capacidades necesarias para
asegurar una respuesta ágil y eficaz abierta a la participación de otros
ministerios y entidades de la Administración General del Estado, así como a las
ONGD, las empresas, las fundaciones corporativas y la comunidad científica.
La AECID impulsará igualmente la necesaria
colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales en esta materia,
con el objetivo de garantizar la adecuada coordinación entre todos los actores.
Sección 5.ª La cooperación financiera para el desarrollo sostenible
Artículo 14. Objeto.
El objeto de la cooperación financiera para
el desarrollo sostenible es responder a los retos de la financiación global del
desarrollo conforme a los acuerdos y metas establecidos en Naciones Unidas, en
otros marcos multilaterales y en la Unión Europea.
Artículo 15. Principios rectores y objetivos.
1.
La cooperación financiera para el
desarrollo sostenible se guiará por los mismos objetivos y principios
enunciados en el capítulo I de esta ley y por el principio de coherencia de
políticas para el desarrollo sostenible, así como por los objetivos y prioridades
establecidos en los instrumentos de planificación de la cooperación española,
en particular el Plan Director. Las operaciones de
cooperación financiera deberán tener como objetivo preeminente su impacto
positivo en el desarrollo sostenible en el país destinatario. Dichos principios
serán aplicables a las operaciones que combinen distintos recursos financieros (blending).
2.
La cooperación financiera
integrará las prioridades nacionales de desarrollo sostenible del país
receptor, contribuirá a la articulación de alianzas multiactor
con la participación del sector privado como agente de desarrollo, y será
sostenible financieramente y coherente con las políticas de gestión de la deuda
externa. En este último como en otros ámbitos, será consistente con el marco
normativo de la Unión Europea e internacional vigente en materia de gestión de
deuda y finanzas sostenibles.
3.
Las operaciones de cooperación
financiera al desarrollo tendrán en cuenta los principios de
corresponsabilidad, complementariedad con otros instrumentos y fuentes de
financiación, tanto nacionales, como internacionales, y sostenibilidad, en sus
tres dimensiones, social, económica y medioambiental, con un enfoque integrado.
Tanto para las operaciones realizadas por la cooperación española, como para la
financiación combinada con otras entidades financieras, se establecerán las
salvaguardas necesarias para el cumplimiento de las exigencias de debida
diligencia en materia de derechos humanos, derechos laborales, derechos de la
infancia y trabajo infantil, y medio ambiente y transparencia que se
establezcan de acuerdo con las normas españolas, de la Unión Europea e
internacionales en estas materias.
4.
La cooperación financiera al
desarrollo sostenible se regirá por el principio de adicionalidad, actuando
como complemento de los recursos disponibles del país socio y, en el caso de
operaciones con el sector privado, se guiará también por los principios de no
distorsión de mercados y de alineación de objetivos con la cooperación
española. Asimismo, las decisiones relativas a la financiación de operaciones y
la gestión de la cooperación financiera respetarán los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
5.
En el marco de la política
española de cooperación para el desarrollo sostenible, corresponde al
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la dirección de la cooperación
financiera para el desarrollo sostenible, y se asegurará la participación de
los ministerios y organismos que reglamentariamente se determine en su gestión,
siempre de acuerdo con los principios generales de las relaciones
interadministrativas recogidos en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 16. El Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES, F.C.P.J.).
1.
Se crea el fondo carente de
personalidad jurídica propia: Fondo Español de Desarrollo Sostenible (en
adelante, FEDES, F.C.P.J.), como instrumento de la cooperación financiera para
el desarrollo sostenible.
2.
El FEDES, F.C.P.J. servirá a los
objetivos de esta ley y de la cooperación financiera, enunciados en los
artículos 4 y 15.
3.
El FEDES, F.C.P.J. quedará
adscrito a la Administración General del Estado, a través de la AECID.
Artículo 17. Modalidades de Financiación.
1.
Podrán financiarse con cargo al
FEDES, F.C.P.J. las operaciones, programas y proyectos, tanto en el sector
privado como en el sector público, que contribuyan a la promoción del
desarrollo sostenible en los países y regiones destinatarios, conforme se establecen
en el artículo 18, así como las acciones de diálogo de políticas y de
cooperación técnica, de carácter no reembolsable, que requieran estas
operaciones, programas y proyectos. Estas operaciones no estarán ligadas a la
compra de bienes y servicios y a la contratación de obras con empresas
españolas.
Asimismo, con cargo al FEDES, F.C.P.J., y en
apoyo a su gestión, se podrán financiar acciones de asistencia técnica y
consultoría destinadas a la elaboración de estudios de viabilidad, factibilidad
y prefactibilidad, estudios de preparación de estrategias, programas,
formulación y diseños de proyectos de interés especial para la cooperación
española, así como al análisis de riesgos, al seguimiento de la ejecución de
las operaciones, programas y proyectos financiados y sus correspondientes
evaluaciones ex ante y ex post.
2.
El apoyo financiero reembolsable
del FEDES, F.C.P.J. adoptará principalmente la forma de préstamos, créditos y
líneas de crédito, incluidos préstamos o créditos de ayuda programática,
programas por resultados, así como contribuciones reembolsables, adquisiciones
temporales de acciones o participaciones directas de capital o cuasi capital,
entre otros. En los casos en que el FEDES, F.C.P.J. realice participaciones en
capital y ello le otorgue el derecho a nominar representantes en los órganos de
gobierno de la entidad participada, se proveerán los medios necesarios para
desempeñar de forma efectiva dicha participación. Con cargo al FEDES, F.C.P.J.,
también podrán constituirse fondos destinados a contra garantizar o a facilitar
la emisión de garantías y avales en los términos que se determinen
reglamentariamente.
3.
El apoyo financiero no
reembolsable del FEDES, F.C.P.J. adoptará principalmente la forma de donaciones
y contribuciones no reembolsables en los términos que se determinen
reglamentariamente.
4.
Las condiciones aplicables a la
financiación del FEDES, F.C.P.J., conforme a los apartados 1 y 2 de este
artículo, se determinarán reglamentariamente.
5.
Dado el objeto del Fondo, la
financiación del FEDES, F.C.P.J. se otorgará en términos concesionales,
contribuyendo, cuando proceda, al cómputo de la AOD, y responderá también, en
su caso, a la métrica del Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (en lo
sucesivo, AOTDS) de la OCDE.
Artículo 18. Países destinatarios.
1.
El FEDES, F.C.P.J. podrá financiar
operaciones, tanto de carácter público como privado, que contribuyan al
desarrollo de los países menos adelantados, los países de renta baja o de renta
media-baja y media conforme a la clasificación del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE, teniendo una consideración especial aquellos países que
estén próximos a su graduación, así como aquellos ya graduados que por sus
características de desarrollo en transición hayan sido contemplados en los
documentos de planificación de la cooperación española.
Los países que hubieran alcanzado el punto de
culminación en el marco de la Iniciativa de alivio de la deuda para los Países
Pobres Muy Endeudados, podrán excepcionalmente ser beneficiarios de préstamos,
créditos o líneas de crédito, cuando así lo autorice expresamente el Consejo de
Ministros a propuesta del titular del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previo análisis de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
2.
Podrán ser beneficiarios del
FEDES, F.C.P.J., Estados, Administraciones públicas regionales, provinciales y
locales y entes del sector público de los países susceptibles de recibir la
financiación del mismo, y organismos internacionales,
conforme al apartado 1, así como las entidades de Derecho privado en los
términos que se determinen reglamentariamente.
3.
Las operaciones crediticias
deberán asegurarse aportando garantía soberana, si bien podrán admitirse otras
garantías en operaciones de crédito o préstamo, en los términos y condiciones
que se fijen reglamentariamente.
Artículo 19. Comité Ejecutivo y gestión.
1.
El estudio y valoración de todas
las propuestas de financiación con cargo al FEDES, F.C.P.J. corresponderá a un
Comité Ejecutivo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación presidido por la persona que ocupe la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional. Su constitución, composición y funciones se fijarán
reglamentariamente.
2.
Reglamentariamente se establecerán
los términos y condiciones de aprobación de las propuestas de financiación con
cargo al FEDES, F.C.P.J., incluyendo las circunstancias que exigirán, en su
caso, su elevación al Consejo de Ministros.
3.
La gestión del FEDES, F.C.P.J.
corresponde a la AECID, en los términos que se desarrollen reglamentariamente
para la adecuada gestión del ciclo de proyecto y utilización de sus recursos.
Dicho desarrollo reglamentario podrá definir la participación de otras
entidades en la gestión del FEDES, F.C.P.J. en apoyo de la AECID.
Artículo 20. Control parlamentario.
1.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, remitirá una Memoria anual a las Cortes Generales, a
través de su Oficina Presupuestaria, sobre las operaciones financiadas con
cargo al FEDES, F.C.P.J., de sus objetivos, países de destino, sectores de
intervención y beneficiarios de la financiación, condiciones financieras y
evaluaciones, así como información sobre el desarrollo de las operaciones en
curso a lo largo del período contemplado. Se indicará asimismo en qué medida se
contribuye al cómputo de la AOD y supone otras contribuciones cubiertas por la
métrica AOTDS. La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional pondrá
dicha documentación a disposición de los grupos parlamentarios en el Congreso y
en el Senado. Al mismo tiempo, hará extensivo este informe al Consejo Superior
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que lo podrá trasladar a su vez a
otras instituciones sociales afectadas.
2.
Con periodicidad anual, la persona
titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
comparecerá ante las Comisiones de Cooperación para el Desarrollo del Congreso
de los Diputados y del Senado para presentar dicha Memoria, dar cuenta de la
ejecución anual del FEDES, F.C.P.J., y hacer balance sobre las actuaciones del
Fondo y su adecuación a su objeto, principios y objetivos. Por su parte, el
Congreso de los Diputados y el Senado emitirán un dictamen que incluya las
recomendaciones de los distintos grupos parlamentarios. Dicha Memoria anual,
junto a los dictámenes correspondientes, serán publicados en la página web del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Artículo 21. Régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control.
1.
Por tratarse de un fondo sin
personalidad jurídica, de los previstos en el artículo 2.2 letra f) de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el régimen presupuestario,
económico-financiero, contable y de control del FEDES, F.C.P.J. se regirá de
acuerdo con lo establecido en dicha ley.
2.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, será el encargado de la rendición de cuentas del
FEDES, F.C.P.J.
Artículo 22. Recursos del FEDES, F.C.P.J.
1.
Para la cobertura anual de las
necesidades financieras del FEDES, F.C.P.J., la Ley de Presupuestos Generales
del Estado consignará la correspondiente dotación presupuestaria para el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. A dicha dotación
habrán de sumarse los recursos procedentes de las operaciones que conforman la
cartera del FONPRODE, como instrumento financiero anterior al FEDES, F.C.P.J.,
así como los derivados de la propia actividad del FEDES, F.C.P.J., y aquellos
otros flujos económicos procedentes de las comisiones e intereses devengados y
cobrados por la realización de dichos activos financieros.
2.
La Ley de Presupuestos Generales
del Estado establecerá, asimismo, la capacidad máxima de compromisos anuales
con cargo al FEDES, F.C.P.J. La Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional acompañará las propuestas de financiación con cargo al FEDES, F.C.P.J.
de un informe sobre su impacto en el déficit público en los términos que se
determinen reglamentariamente.
CAPÍTULO III
Órganos competentes en la formulación de la política española de
cooperación para el desarrollo sostenible
Sección 1.ª Las Cortes Generales
Artículo 23. El Congreso de los Diputados y el Senado.
1.
Las Cortes Generales establecerán,
en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno,
las líneas generales y directrices básicas de la política española de
cooperación para el desarrollo sostenible. A tal efecto, el Gobierno remitirá a
las Cortes Generales, con anterioridad a su aprobación, la propuesta del Plan Director al que se refiere el artículo 6 para su debate y
dictamen, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos de las Cámaras.
2.
Las Cortes Generales conocerán
anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del
Gobierno, la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, y
la debatirán de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos de las Cámaras.
3.
Las Comisiones Parlamentarias de
Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible constituidas en el
Congreso de los Diputados y en el Senado, de conformidad con lo dispuesto en
los Reglamentos de las Cámaras, serán informadas por el Gobierno del nivel de
ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones
comprendidos en el Plan Director, y recibirán cuenta
de la evaluación de la cooperación, así como de los resultados del ejercicio
precedente.
Sección 2.ª El Gobierno
Artículo 24. El Gobierno.
El Gobierno define y dirige la política
española de cooperación para el desarrollo sostenible. A propuesta de la
persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, el Gobierno aprueba el Plan Director.
Artículo 25. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
1.
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el marco de la superior dirección
del Gobierno y de la persona titular de la Presidencia del Gobierno, es
responsable de la planificación, dirección, ejecución y evaluación de la política
de cooperación para el desarrollo sostenible desarrollada por la Administración
General del Estado y entidades públicas dependientes y de la coordinación de
todas las actuaciones de los demás departamentos ministeriales. Fomentará
también el trabajo conjunto y colaborativo con el resto de Administraciones
públicas que, en el ámbito de sus competencias, realicen actuaciones en esta
materia con observancia de los principios de lealtad institucional y
colaboración entre administraciones.
2.
La Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional es el órgano superior del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación directamente responsable de la
planificación y la ejecución de la acción del Gobierno en el ámbito de la
política de cooperación para el desarrollo sostenible, y ejerce la dirección
política de la cooperación para el desarrollo sostenible de la Administración
General del Estado y organismos dependientes.
Asiste a la persona titular del Departamento
en la planificación, dirección, ejecución y evaluación de la política de
cooperación para el desarrollo sostenible y, de acuerdo con la dirección de
esta última, coordina la política de cooperación para el desarrollo sostenible
y administra los recursos de cooperación para el desarrollo sostenible
gestionados por el Departamento.
Asimismo, asegura la participación española
en las organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo, define la
posición de España en la formulación de la política de cooperación para el
desarrollo sostenible de la Unión Europea, y asegura la presencia institucional
y la participación en los órganos de dirección de fondos y entidades de
cooperación para el desarrollo sostenible de acuerdo con sus estatutos. Su
titular ostenta, además, la presidencia de la AECID.
Artículo 26. Otros departamentos ministeriales y organismos de la Administración
General del Estado.
Los otros departamentos ministeriales y
organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de
la Administración General del Estado que realicen, en el ámbito de sus
competencias, programas, proyectos y acciones en materia de cooperación para el
desarrollo sostenible actuarán con observancia de los principios de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de coherencia de políticas
para el desarrollo sostenible, y de unidad de acción del Estado en el exterior.
En virtud de ello, sus actividades deberán
responder a las líneas de actuación marcadas por el Plan Director,
en cuya elaboración participan a través del Consejo Superior de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, de la Comisión
Interministerial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad
Global, y los demás instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación
tanto en España como en los países socios, y en los organismos multilaterales.
Sección 3.ª Órganos de coordinación y consulta
Artículo 27. Órganos de coordinación y consulta.
Los órganos de coordinación y consulta de la
cooperación española para el desarrollo sostenible son:
a)
El Consejo Superior de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
b)
La Comisión Interministerial de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
c)
La Conferencia Sectorial de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Su composición, organización y funciones se
establecerán por las correspondientes normas de desarrollo reglamentario.
Artículo 28. El Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global.
1.
El Consejo Superior de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global es el órgano del Gobierno
para la coordinación general de todas las entidades del sistema español de
cooperación al desarrollo dentro de la Administración General del Estado que
ejecutan programas, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo
sostenible, y vela por la aplicación de los principios contenidos en esta ley
por la actuación con enfoque de conjunto del Gobierno.
Asimismo, el Consejo Superior de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global asegura la participación,
deliberación y consulta con otros actores del sistema de la cooperación
española. En el Consejo Superior participarán los agentes sociales, las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de derechos humanos, una
representación de la cooperación descentralizada, que, en el caso de la local
serán representantes de los fondos de solidaridad o de redes de entes locales
que ejecutan AOD, las universidades, y otras instituciones y organismos de
carácter privado y de la sociedad civil, el sector público empresarial y de la
economía social, así como personas expertas independientes.
2.
El Consejo superior estará
presidido por la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. Buscará una representación equilibrada de actores y
administración con el fin de reflejar el carácter plural y participativo del
organismo y su eficacia. Su composición y estructura serán definidas
reglamentariamente. Contará con seis vicepresidencias:
a)
La vicepresidencia primera
corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional.
b)
La vicepresidencia segunda, a la
persona titular de la Secretaría General del Tesoro.
c)
La vicepresidencia tercera, a la
persona que ostente la dirección de la AECID.
d)
La vicepresidencia cuarta, a la
persona que presida la Coordinadora de ONG
para el desarrollo
Sostenible.
e)
La vicepresidencia quinta, a la
persona titular de la Secretaría de Estado de Agenda 2030.
f)
La vicepresidencia sexta, a la
persona designada por los actores sociales de
manera rotativa.
3. El Consejo Superior tiene
las siguientes funciones:
a)
Establecer directrices y fijar
criterios que faciliten la coordinación, la coherencia y la complementariedad
de las actividades que realicen en materia de cooperación para el desarrollo
sostenible los departamentos ministeriales y organismos públicos y entidades de
Derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del
Estado, tanto en España como en los países socios, en la Unión Europea y en los
organismos multilaterales, a través de las acciones realizadas conjuntamente
con estos, y en las posiciones adoptadas por la representación española en sus
órganos de gobierno, en particular en los bancos multilaterales de desarrollo a
los que España aporta capital.
b)
Informar y someter a la aprobación
del Gobierno, a través de la persona titular del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la propuesta de Plan Director; conocer
e informar los Marcos de Asociación y Alianzas País para el desarrollo
sostenible, los Marcos de Asociación Estratégica Multilateral y las Estrategias
temáticas para el desarrollo sostenible, y, emitir recomendaciones para la
mejora para todos ellos, así como de cualquier otro instrumento cuando se
considere oportuno.
c)
Conocer los avances y obstáculos
para la aplicación del principio de coherencia de políticas para el desarrollo
sostenible, y emitir recomendaciones para la mejora del conjunto de las
políticas que desde la Administración General del Estado y otros actores de la
cooperación española puedan afectar a los países en desarrollo y al desarrollo
sostenible.
d)
Informar los anteproyectos de ley
y cualesquiera otras disposiciones generales de la Administración General del
Estado que regulen materias concernientes a la cooperación para el desarrollo
sostenible. De estos informes se dará conocimiento a las Comisiones de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y
del Senado.
e)
Generar los documentos y análisis
sobre aspectos de la cooperación para el desarrollo sostenible que el Consejo
considere de utilidad o que le puedan ser requeridos en el ejercicio de las
funciones que tiene asignadas.
f)
Informar sobre los asuntos
concernientes a su ámbito de competencias que el Gobierno someta a su
consideración.
g)
Cuantas otras
funciones le encomiende el Gobierno en materia de cooperación
para el desarrollo
sostenible.
4. El Consejo Superior tendrá la dotación de
los recursos necesarios para poder cumplir sus objetivos.
Artículo 29. La Comisión Interministerial de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible y la Solidaridad Global.
1.
La Comisión Interministerial de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global es el órgano
de coordinación estratégica de los departamentos ministeriales que desempeñen
actuaciones de cooperación para el desarrollo sostenible. Bajo la presidencia
de la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
con dos vicepresidencias, estará integrada por representantes de los
ministerios concernidos con rango de Secretaría de Estado o Subsecretaría.
Podrá establecer subcomisiones por razón de la materia y grupos de trabajo de
inferior nivel para misiones específicas. Dispondrá de los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior en el que se encuentre
integrada.
2.
La Comisión Interministerial de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global pondrá en
común las actuaciones de cada ministerio en materia de cooperación para el
desarrollo sostenible a los efectos de asegurar una actuación coordinada,
coherente y eficaz con los principios y objetivos establecidos en esta ley, en
particular en cuanto a la cooperación financiera y a la aplicación y
seguimiento del principio de coherencia de políticas para el desarrollo
sostenible en el seno de la Administración General del Estado.
3.
Reglamentariamente se regulará su
composición, funcionamiento, extinción, organización y funciones conforme a la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 30. La Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
y la Solidaridad Global.
1.
La Conferencia Sectorial de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global es el órgano
de participación, diálogo, coordinación, concertación y colaboración en materia
de cooperación para el desarrollo sostenible de la Administración General del
Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, y de las ciudades
con Estatuto de Autonomía. Tiene por finalidad contribuir a una actuación más
eficaz, coherente, coordinada y complementaria de las distintas
Administraciones públicas que ejecuten programas, proyectos y acciones en
materia de cooperación para el desarrollo sostenible.
2.
Forman parte de la Conferencia
Sectorial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global
la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, que la preside, y los correspondientes miembros de los Consejos de
Gobierno, en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades con
Estatuto de Autonomía, competentes en materia de cooperación para el desarrollo
sostenible global. En función de los temas a tratar serán invitadas a las
sesiones de la Conferencia Sectorial las personas titulares de los
departamentos ministeriales o las personas expertas que determine su
presidencia. Asimismo, podrán asistir, sin ostentar por ello la condición de
miembros, dos representantes de la Federación Española de Municipios y
Provincias, que deberán ser cargos electos. Uno de ellos representará a los
Fondos de Cooperación y Solidaridad de los entes locales, a propuesta de los
propios Fondos de Cooperación y Solidaridad.
3.
La Conferencia Sectorial de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global funciona en
Pleno y en Comisión Permanente. Corresponderán, en todo caso, a este órgano,
las siguientes funciones:
a)
Ser informada sobre los
anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o
de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas.
b)
Asegurar la participación de las
comunidades autónomas y los entes locales en
la elaboración del Plan Director, así como en la definición de sus prioridades.
c)
De acuerdo con los principios de
la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, incorporar la
contribución de las comunidades autónomas y los entes locales a la elaboración
de las Comunicaciones anuales de Cooperación, a los Marcos de Asociación y
Alianzas País para el desarrollo sostenible; a los Marcos de Asociación
Estratégica Multilateral; y las Estrategias Temáticas para el Desarrollo
Sostenible, en favor de una mayor colaboración, coordinación, complementariedad
y coherencia.
d)
Intercambiar información sobre las
actuaciones programadas por las distintas Administraciones públicas, en
ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras
Administraciones. A tal efecto, se establecerán mecanismos de intercambio de
información, especialmente de contenido estadístico, de cara a las previsiones
del esfuerzo de AOD y de otros flujos y de su reporte estadístico
e)
Promover, desde el respeto a las
competencias de cada una de ellas en estas materias, la coherencia y el examen
de los ámbitos de mejora de los procedimientos de financiación, gestión,
seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas por las Administraciones
públicas con organizaciones no gubernamentales de desarrollo, con otros actores
de la cooperación española y, en su caso, con los países socios, en aras de una
mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.
4. La Conferencia Sectorial de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global aprobará su reglamento
interno, que regulará su organización y funcionamiento, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
CAPÍTULO IV
Órganos competentes en la ejecución de la política española de
cooperación para el desarrollo sostenible
Sección 1.ª Administración General del Estado y Organismos
dependientes
Artículo 31. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
1.
La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) es una agencia estatal de las
previstas en el artículo 84.1.a).3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, responsable del fomento, programación, coordinación operativa,
gestión y ejecución de las políticas públicas de la cooperación española para
el desarrollo sostenible, acción humanitaria y educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía global. Todo ello sin perjuicio de las competencias
de las comunidades autónomas y los entes locales y las asignadas a otros
departamentos ministeriales y a otros organismos especializados de acuerdo con
esta ley.
2.
En el ejercicio de sus funciones,
la AECID tendrá autonomía operativa y de gestión.
3.
La AECID participará activamente
en la planificación estratégica de la cooperación española en el marco del
artículo 6, en la definición de sus prioridades y en la elaboración de los
instrumentos mencionados en dicho artículo, bajo la dirección política de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. La AECID establecerá
mecanismos de gestión del conocimiento, seguimiento y evaluación en el ámbito
de sus funciones.
4.
La AECID, en el marco del Plan Director, ejerce la coordinación operativa de la cooperación
realizada por el sistema español de cooperación para el desarrollo sostenible a
nivel de sede, regional y de país, en aras de la eficacia, complementariedad y
coherencia.
5.
La AECID promoverá la generación
de alianzas entre actores de cooperación. Para ello podrá establecer acuerdos
operativos y marcos de actuación con el resto de entidades
ejecutoras, actores de la cooperación descentralizada, ONGD, universidades,
centros de investigación, y sector privado.
6.
Los fines, funciones, organización
y funcionamiento de la AECID se establecerán en su Estatuto, en el marco de lo
dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y en todo caso asumirán los principios y objetivos de la cooperación
española para el desarrollo sostenible definidos en esta ley. En su
funcionamiento, la AECID velará por la ejecución ágil y eficaz de sus
proyectos, atendiendo a los principios y objetivos de los artículos 2 y 4 de
esta ley.
Artículo 32. Las Oficinas de la cooperación española.
1.
Las Oficinas de la cooperación
española (en lo sucesivo, OCE) son unidades adscritas orgánicamente a las
Embajadas y Representaciones Permanentes bajo la dirección superior de su
Jefatura de Misión y la dependencia funcional de la AECID.
2.
Las Oficinas de la cooperación
española aseguran la coordinación y, en su caso, la ejecución y seguimiento de
las acciones del sistema de la cooperación española en los países socios,
conforme a los establecido en el artículo 31.4. Para dicha coordinación se
establecerán equipos-país que integren a dichos actores, incluyendo a los
propios de la cooperación descentralizada.
3.
En los asuntos de su competencia,
las OCE también representarán a dicho sistema ante las delegaciones de la Unión
Europea, la representación de otros organismos multilaterales con presencia en
el país socio, y otros donantes.
4.
En los países donde hayan sido
creadas OCE, las funciones de dirección de dichas unidades en el país de que se
trate corresponden a las personas que ostenten la coordinación general de la
cooperación española responsables de dichas oficinas, junto con el resto de las
funciones que tienen atribuidas por esta ley.
5.
En todos aquellos países en los
que hayan sido creadas OCE, los coordinadores generales de dichas oficinas
ejercerán las funciones de Encargados de los Asuntos de Cooperación. En las
misiones diplomáticas en aquellos países en los que se desarrollan actividades
de cooperación internacional para el desarrollo y en los que no existen OCE o
personal destacado por la AECID, la Jefatura de Misión designará a un empleado
o empleada público del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación como Encargado de los Asuntos de Cooperación.
6.
Entre estas OCE, la cooperación
española contará, en determinados países socios, con Centros de Formación y con
Centros Culturales gestionados por la AECID. Los Centros de Formación estarán
especializados en acciones de capacitación y formación, de generación,
intercambio y difusión de conocimiento y prácticas para el desarrollo
sostenible orientados al fortalecimiento de las capacidades nacionales. Los
Centros Culturales desarrollarán acciones de cooperación
cultural y acción cultural para el desarrollo sostenible en el marco de
las competencias de la AECID sobre estas materias.
Artículo 33. Otras instituciones ejecutoras.
Son también parte del sistema español de
cooperación para el desarrollo sostenible la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P. (en adelante,
FIIAPP, F.S.P.) y la Fundación Carolina.
La FIIAPP, F.S.P. es una fundación del sector
público estatal, de las recogidas en los artículos 84.1.e) y 128 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, especializada
en la promoción y gestión de la participación de las Administraciones públicas
y sus organismos en programas y proyectos de cooperación española y europea,
orientando estas actuaciones hacia resultados de desarrollo sostenible. Sus
fines, funciones, organización y funcionamiento se establecen en su Estatuto.
La Fundación Carolina, fundación docente de
Derecho privado que se rige por sus propios estatutos y constituida al amparo
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, es la entidad
especializada en cooperación en educación superior y generación de conocimiento
experto de la cooperación española en el ámbito iberoamericano, con aquellos
países con especiales vínculos históricos y culturales con España y en otros que
puedan establecerse.
Artículo 34. Otros ministerios.
Los departamentos ministeriales que realicen
actividades en materia de cooperación para el desarrollo sostenible serán
responsables de la ejecución de los programas, proyectos y acciones dentro del
ámbito de sus competencias.
En su actuación, como parte del sistema
español de cooperación al desarrollo, seguirán los principios y objetivos
recogidos en esta ley, así como las directrices y los criterios que establezca
el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global para facilitar la coordinación, la coherencia y la
complementariedad de sus actividades, tanto en España como en los países
socios, y en los organismos multilaterales.
Sección 2.ª La cooperación descentralizada
Artículo 35. La cooperación descentralizada.
1.
La cooperación descentralizada es
el conjunto de programas, proyectos y acciones en materia de cooperación para
el desarrollo sostenible que se realiza desde las comunidades autónomas, en el
marco de sus competencias, y la que desarrollan los entes locales y forales
(ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos
insulares), que esta ley reconoce de manera expresa. La cooperación
descentralizada es una de las señas de identidad y fortalezas de la cooperación
al desarrollo sostenible española y expresión solidaria de sus respectivas
sociedades que supone una importante contribución a un sistema de cooperación
más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la
corresponsabilidad, y del papel de estas Administraciones en el sistema español
de cooperación para el desarrollo, reconocidas a través de esta ley y de la Ley
2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
2.
Se impulsará el diálogo y la
colaboración con los actores de la cooperación descentralizada en torno a los
principios, objetivos y prioridades establecidos en esta ley, en particular los
contemplados en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, a
fin de promover una cooperación más coordinada y eficaz y la participación de
la cooperación descentralizada en la planificación e implementación de la
cooperación española.
3.
La política de cooperación de las
comunidades autónomas y los entes locales contribuye al logro de los objetivos
de la política española de cooperación al desarrollo sostenible. La acción de
dichos actores en la cooperación para el desarrollo sostenible deberá respetar
en su ejercicio las líneas generales y directrices básicas establecidas por las
Cortes Generales a que se refiere el artículo 23.1 de esta ley, lo establecido
en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado,
y el principio de colaboración entre Administraciones públicas en cuanto al
acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los
recursos públicos.
La acción de las comunidades autónomas en la
cooperación para el desarrollo sostenible se desarrollará según sus respectivos
Estatutos de Autonomía, leyes autonómicas y líneas generales establecidas por
sus asambleas legislativas o parlamentos.
4.
La Administración General del
Estado y los organismos públicos dependientes mencionados en esta ley
promoverán la participación de la cooperación descentralizada en alianzas más
amplias en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible en los países
socios. En este marco, podrán asociar a las comunidades autónomas y los entes
locales, a partir de sus especialización y capacidades, a las actividades que
desarrollen en el ámbito de iniciativas y programas de la Unión Europea y de
otros organismos multilaterales.
5.
En aras de una mayor eficacia de
su actividad en los países socios, y sin perjuicio de sus competencias y
autonomía, los actores de la cooperación descentralizada contarán con el apoyo
de la AECID en materia de información, programación e implementación de sus
programas y proyectos, conforme a lo establecido en el artículo 31.3. Se
impulsará el reconocimiento internacional del que goza la cooperación
descentralizada para promover otros tipos de cooperación, incluida la
cooperación triangular.
6.
Se reconoce la especial capacidad
de las comunidades autónomas y los entes locales, directamente o a través de
otros actores, singularmente de las ONGD, centros educativos y universidades,
para realizar tareas de Educación para el desarrollo sostenible y la Ciudadanía
Global.
Artículo 36. Las Comunidades Autónomas.
1.
Esta ley reconoce el importante
papel de las comunidades autónomas en el sistema de la cooperación española
para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, a partir de su
singularidad y de la complementariedad y diversidad de sus políticas respecto
de las que lleva a cabo la Administración General del Estado y otros actores de
la cooperación española. Esta cooperación se ejerce con autonomía
presupuestaria y en el marco de sus competencias, y se realiza de manera
directa, desde las propias administraciones autonómicas, así como de otras
entidades.
2.
La Administración General del
Estado y los organismos públicos dependientes mencionados en esta ley
promoverán la participación de las comunidades autónomas en la formulación y
articulación de posiciones ante foros europeos e internacionales de cooperación
para el desarrollo sostenible. Las comunidades autónomas podrán participar en
programas de cooperación delegada de la Unión Europea en los términos que
establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado.
Artículo 37. Los entes locales.
Esta ley reconoce el importante papel de la
cooperación de las entidades locales en el sistema de la cooperación española
para el desarrollo sostenible y la solidaridad global a partir de su
trayectoria y capacidad de generar alianzas, movilizar a los actores y las
capacidades económicas y sociales y el conocimiento experto, así como el de las
propias administraciones locales, en las áreas en las que gozan de competencias
y capacidades, y promover la participación social y la democracia en el ámbito
local. Los actores estatales del sistema español de cooperación para el
desarrollo sostenible promoverán la actividad de cooperación de los entes
locales y la simplificación de trámites burocráticos para favorecer dicho
objetivo.
Esta cooperación podrá ejercerse también a
través de fondos municipales de cooperación o de otras entidades.
Sección 3.ª Otras entidades
Artículo 38. Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y sociedad
civil.
1.
Esta ley reconoce el papel
diferenciado de las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (en
adelante, ONGD) como actores fundamentales del sistema de cooperación y
expresión de la sociedad civil organizada en relación con la cooperación al desarrollo
sostenible, para la ejecución de acciones de cooperación para el desarrollo
sostenible, la promoción de la coherencia de políticas, el fortalecimiento del
espacio cívico y democrático y la defensa de los derechos humanos, en la
respuesta a las crisis humanitarias y el fomento de la participación social y
la solidaridad y la ciudadanía global. El Estado promoverá alianzas con las
ONGD y la sociedad civil en su conjunto, tanto en España como en los países
socios atendiendo a los principios y objetivos de los artículos 2 y 4 de esta
ley.
2.
A los efectos de esta ley se
consideran ONGD aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas
y sin fin de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus
propios Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los
principios y objetivos de la cooperación para el desarrollo sostenible y la
acción humanitaria. Las ONGD habrán de gozar de plena capacidad jurídica y
capacidad de obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de
garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos. A todos los
efectos de esta ley, las organizaciones que ostentan la representación en
España de organismos multilaterales y están reconocidas como sus comités
nacionales, serán reconocidas en sus especificidades según la correspondiente
normativa internacional de aplicación.
3.
Las ONGD que cumplan los
requisitos del apartado anterior podrán inscribirse en el Registro de la AECID
que será regulado reglamentariamente o en los registros que con idéntica
finalidad puedan crearse en las comunidades autónomas, condición indispensable
para acceder a ayudas y subvenciones de las Administraciones públicas
computables como AOD.
4.
El Estado fomentará las
actividades de las ONGD y otros agentes sociales y de la sociedad civil de
acuerdo con la normativa vigente y esta ley atendiendo a los principios y
objetivos de los artículos 2 y 4. Para ello, las Administraciones públicas,
dentro del ámbito de sus competencias, podrán conceder ayudas y subvenciones y
establecer convenios estables y otras formas de alianzas, con las ONGD y otros
agentes sociales y de la sociedad civil. En el ámbito de la Administración
General del Estado, se definirá un marco de relación estable con la
Coordinadora de ONG de Desarrollo de España en nombre de la sociedad civil
organizada que impulse las capacidades y contribución de las ONGD a los
objetivos de la cooperación y promueva la simplificación de las cargas
burocráticas. Asimismo, se establecerán alianzas entre la AECID y las ONGD con
el objetivo de procurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en los países socios. Estas alianzas podrán también ser articuladas
localmente para actuaciones conjuntas entre las Oficinas de la cooperación
española y las ONGD que trabajen en ese ámbito concreto.
5.
A los efectos de esta ley se
consideran organizaciones de la sociedad civil (OSC) a las entidades no
gubernamentales sin fines de lucro, constituidas legalmente, que estimulan la
participación ciudadana y operan bajo los principios del artículo 2 desde una
perspectiva de justicia global. Las OSC pueden incluir desde organizaciones
comunitarias de base, organizaciones no gubernamentales (ONG), redes y
plataformas especializadas entre otras, y realizan actividades especializadas
conforme a los objetivos del artículo 4, y de forma especial en el ámbito de la
promoción de los derechos humanos y de las mujeres, el medio ambiente, la
justicia social, la democracia y la paz.
6.
Las Administraciones públicas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, facilitarán la información necesaria
y asesorarán a las ONG que operan en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo sostenible, con el fin de promover el cumplimiento de los requisitos
necesarios para la aplicación del régimen fiscal y de incentivos a las
entidades sin fines lucrativos y mecenazgo.
Artículo 39. Sector privado empresarial y economía social.
1.
Se fomentarán los partenariados y
las alianzas público-privadas entre los órganos ejecutores de la cooperación
española contemplados en esta ley y el sector privado empresarial y las
entidades de la economía social, para el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible en los países socios de la cooperación y la difusión de
buenas prácticas españolas en materia de sostenibilidad. Entre los ámbitos de
estas alianzas se incluirán la mejora de las cadenas de valor, el suministro de
bienes y servicios, la asistencia técnica (incluida la realizada por empresas
consultoras), la cooperación financiera, la inversión de impacto, la
investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, la defensa del
medio ambiente y los derechos humanos y laborales, y el fomento de la
participación social en la cooperación al desarrollo sostenible, sin perjuicio
de otros ámbitos de actuación.
2.
En las Alianzas Público-Privadas
para el desarrollo sostenible y en las actuaciones con empresas, la cooperación
española velará por el cumplimiento de las exigencias de diligencia debida en
materia de derechos humanos, derechos laborales, derechos de infancia, medio
ambiente y transparencia que se establezcan de acuerdo con las normas españolas
y de la Unión Europea en esta materia.
3.
Los concursos y procesos de
licitación de obras, suministros o servicios de las actividades de la
cooperación española estarán abiertos al sector privado y a otros actores, como
las ONGD. En la medida que contemplen objetivos específicos de tipo medioambiental,
social u otros, estos incluirán tanto en las especificaciones técnicas como en
los criterios de adjudicación y en las condiciones especiales de ejecución los
aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos del proceso de
producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios
que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate. Todo ello, se
efectuará conforme a lo dispuesto en la normativa estatal y europea de
aplicación, en particular, el artículo 127.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, con especial consideración a la
agricultura o ganadería ecológicas, al comercio justo, a la igualdad de género
o a las disposiciones que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales
de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas, el Convenio 169,
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, los Principios Rectores sobre las empresas
y los derechos humanos de las Naciones Unidas, la normativa aplicable a nivel
europeo y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales.
Artículo 40. Los sindicatos.
Se fomentarán los partenariados y las
alianzas entre los órganos ejecutores de la cooperación española contemplados
en esta ley y los sindicatos más representativos, para promover sociedades
abiertas, equitativas y democráticas en el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible y los principios y derechos fundamentales en el trabajo
en los países socios de la cooperación. Entre los ámbitos de actuación de estas
alianzas se incluirá la promoción y defensa de los derechos laborales y
sindicales, el trabajo decente, el fortalecimiento de los sindicatos en los
países en desarrollo, y el fomento del diálogo, la concertación social y la
participación democrática de las personas trabajadoras.
Las alianzas entre la cooperación española y
las organizaciones sindicales más representativas tendrán, entre otros
objetivos: el efectivo cumplimiento y ampliación de derechos laborales y
sindicales; la promoción del trabajo decente; la garantía de salarios justos y
de una protección social adecuada para todas las personas trabajadoras; la
salvaguarda y mejora de la seguridad y la salud en el trabajo; el fomento de
perspectivas de desarrollo personal e integración social; el respeto y plena
realización de la libertad para el ejercicio de la actividad sindical; el
fomento del diálogo, la concertación social y la participación democrática de
las personas trabajadoras; y el compromiso y defensa efectivos de la igualdad
de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el trabajo.
Artículo 41. Universidades y centros de estudios e investigación.
Se establecerán mecanismos de colaboración
estable con y entre universidades y centros de investigación especializados en
los estudios sobre el desarrollo sostenible y la cooperación en educación
superior con países socios de la cooperación española, así como se fomentará la
generación y transferencia de conocimiento experto para el desarrollo
sostenible mediante la generación de redes de cooperación de universidades,
programas de investigación con participación de los países socios, asistencia
técnica y participación de especialistas en las tareas de cooperación para el
desarrollo sostenible. Asimismo, se fomentará la incorporación del desarrollo
sostenible global y sus prioridades a los planes de estudio y a los programas
de investigación.
Igualmente, las universidades y centros de
estudios e investigación propiciarán la realización de actividades e
iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el
progreso solidario.
CAPÍTULO V
Personas al servicio de la cooperación al desarrollo sostenible
Sección 1.ª Personal al servicio de la Administración General del
Estado y del sector público institucional en el ámbito de la cooperación para
el desarrollo sostenible
Artículo 42. Participación del personal al servicio de la Administración General
del Estado y organismos dependientes en acciones de cooperación para el
desarrollo sostenible.
1.
La actuación de la Administración
General del Estado, el sector público institucional y otras instituciones
ejecutoras en el campo de la cooperación para el desarrollo sostenible se lleva
a cabo por el personal de los distintos agentes integrantes del sistema.
2.
La cooperación española promoverá
la internacionalización de las Administraciones y la construcción de alianzas
para el desarrollo sostenible entre instituciones homólogas. Asimismo,
fomentará la movilización del personal al servicio del sector público para
actividades de cooperación al desarrollo sostenible global. En este sentido, se
promoverá el desarrollo de capacidades en materia de cooperación entre el
personal al servicio de las Administraciones.
Artículo 43. Régimen jurídico del personal de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
1.
La política de recursos humanos de
la AECID estará orientada a la atracción, retención, capacitación,
especialización y promoción de personal, que tendrá derecho a una carrera
profesional, en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con oportunidades
de movilidad entre territorio español y exterior.
2.
El personal al servicio de la
AECID, tanto en territorio español como en el exterior, está integrado por
personal funcionario y personal laboral. El personal funcionario se rige por la
normativa reguladora de la función pública correspondiente, con las especialidades
previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y las que, conforme a ella, se establezcan en su estatuto. El personal
laboral se rige por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y
el resto de la normativa laboral. Las condiciones laborales del personal
laboral de la AECID se sujetarán al régimen que establezca su convenio
colectivo propio.
3.
La AECID dispone de su relación de
puestos de trabajo, elaborada y aprobada por la propia Agencia dentro del marco
de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato
de gestión. En la relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso,
aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal
funcionario, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen
participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la
salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones
públicas. Asimismo, en la relación de puestos de trabajo se indicarán los
puestos que, excepcionalmente, de acuerdo con la legislación de función pública
aplicable a la Administración General del Estado, podrán ser desempeñados,
tanto por personal funcionario como por personal laboral. Al personal
funcionario que pase a prestar sus servicios en determinados puestos como
personal laboral se le reconocerá la situación administrativa que corresponda
en los términos previstos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y las leyes de
función pública que se dicten en desarrollo de este.
4.
La AECID determinará sus
necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas. La determinación
de las necesidades de personal a cubrir se realizará con sujeción a la tasa de
reposición que, en su caso, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio correspondiente. La previsión de necesidades de
personal se incorpora a la oferta anual de empleo de la AECID, que se integra
en la oferta de empleo público estatal, de conformidad con lo que se establezca
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
correspondiente.
La selección del personal a cubrir mediante
pruebas selectivas convocadas por la propia Agencia se llevará a cabo mediante
convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad, promoviendo el acceso al empleo público de las personas con
discapacidad. Las convocatorias de selección de personal funcionario se
efectuarán por el ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o
escalas correspondientes y, excepcionalmente, por la propia AECID mediante
convenio suscrito al efecto.
Las convocatorias de selección de personal
laboral se efectuarán por la AECID a través de sus propios órganos de
selección, de acuerdo con los requisitos y principios establecidos en este
apartado.
Los órganos de representación del personal de
la AECID serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a
cabo.
5.
El personal que preste sus
servicios en la AECID verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una
carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto del Empleado Público.
La movilidad del personal de la AECID podrá estar sometida a la condición de
autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en su
Estatuto y de acuerdo con la normativa de función pública.
El sistema de cobertura de vacantes incluirá
medidas que tiendan a favorecer su especialización en tareas de cooperación y
el aprovechamiento de su conocimiento simplificando y propiciando la rotación
entre los servicios centrales en territorio español, las unidades de
cooperación en el exterior, y otros mecanismos de adscripción a organismos
internacionales.
6.
El personal directivo de la AECID
es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en su Estatuto
en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de
las tareas a ellos asignadas. El personal directivo de la AECID es nombrado y
cesado por su Consejo Rector a propuesta de su Director,
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados
superiores, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la
publicidad.
7.
Los conceptos retributivos del
personal funcionario de la AECID serán los establecidos en la normativa de
función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se
determinarán de conformidad con lo establecido en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado. Las condiciones retributivas del personal laboral serán
las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo
contrato de trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo anterior. La
masa salarial de la AECID se autorizará en las condiciones que establezca la
normativa aplicable. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de
productividad, o concepto equivalente del personal laboral, está en todo caso
vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de
gestión.
Sección 2.ª Personas cooperantes y voluntariado
Artículo 44. De las personas cooperantes.
Son personas cooperantes las personas
físicas, profesionales de la cooperación, que tengan una relación jurídica o de
prestación de servicios, laboral o administrativa, por cuenta de organizaciones
internacionales o de instituciones u organismos públicos o privados españoles
sin ánimo de lucro o de empresas consultoras que trabajen en última instancia
para entidades sin ánimo de lucro, para realizar actividades de acción
humanitaria o de cooperación para el desarrollo sostenible. Se consideran
personas cooperantes a los y las profesionales que trabajen tanto para el
sector privado (ONGD, Fundaciones, Asociaciones, empresas consultoras,
etcétera) como para el sector público (estatal, autonómico o local).
El Estatuto de las Personas Cooperantes
fijará, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, formación,
oportunidades de carrera profesional, homologación de los servicios que
prestan, modalidades de previsión social, acceso al sistema sanitario, apoyo en
el terreno, y régimen de incompatibilidades. Se impulsará la participación de
personas con discapacidad.
Artículo 45. Del voluntariado en la cooperación para el desarrollo sostenible.
1.
Sin perjuicio de lo establecido en
la Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado, y de las competencias
atribuidas a las comunidades autónomas para regular esta materia, esta ley
ampara a la persona voluntaria al servicio de la acción humanitaria y la
cooperación al desarrollo en el exterior, y a las organizaciones que las
encuadren, para la prestación de servicios conforme a lo dispuesto en este
artículo. La persona voluntaria deberá ser informada por la organización a la
que esté vinculada de los objetivos y marco de su actuación y sus derechos y
deberes legales en el país o territorio en el que ésta se desarrolle. También
contará con un seguro u otra garantía financiera que cubra los riesgos de
enfermedad y accidente durante el período de su estancia en el extranjero, los
gastos de repatriación, y un acuerdo de incorporación que contemple, como
mínimo, los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas en
el país de destino, y un período de formación, si fuera necesario. Se impulsará
la participación de personas con discapacidad.
2.
Se establecen dos modalidades de
voluntariado para la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo:
a)
El voluntariado de corta duración,
con una prestación que se extenderá hasta un
máximo de seis meses.
b)
El voluntariado de larga duración,
en el que la persona voluntaria desarrolla su
actividad por periodos
semestrales prorrogables, hasta un máximo de tres años.
3.
En el caso de voluntariado de
larga duración, el acuerdo de incorporación firmado entre la persona voluntaria
y la organización se incluirá en un registro de la AECID que se desarrollará
reglamentariamente.
4.
En el marco del registro
mencionado en el artículo 38, la AECID establecerá un procedimiento de
acreditación de las ONGD que trabajen con voluntariado, que reconozca en dichas
entidades:
a)
Una trayectoria consolidada de
trabajo con voluntariado nacional e internacional.
b)
Una política bien definida de
fomento del voluntariado en los ámbitos objeto de esta ley, con prácticas y
procedimientos de seguimiento y evaluación de su actividad rigurosos, efectivos
y con elevados estándares éticos, y en particular la existencia de un código de
conducta adecuado.
c)
Un plan de formación para el
voluntariado sólido y de calidad.
5. La AECID establecerá en sus planes,
programas de subvenciones y presupuestos anuales mecanismos de apoyo al
voluntariado en la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo
sostenible.
Artículo 46. Deber de cuidado.
La Administración General del Estado, a
través de las Misiones y Representaciones de España en los países en los que
actúe la cooperación española, y de las Oficinas de la cooperación española,
velará por todas las personas que trabajen en la cooperación de España, se
trate de profesionales o de personal voluntario, entendiendo como tales a todas
aquellas personas que se hayan inscrito, en su calidad de cooperantes, o
personas voluntarias en el Registro de Matrícula Consular del Consulado General
o Sección Consular de la Embajada de España en países prioritarios de la
cooperación española o en otros países donde desarrollen un programa de acción
humanitaria o de cooperación al desarrollo sostenible, que ostenten la
ciudadanía española y habiten en la respectiva demarcación consular, sean
residentes habituales o se encuentren allí en calidad de transeúntes.
Este deber de cuidado incluye obligaciones de
información, protección y asistencia consular y, en su caso, la adopción de
recomendaciones y otras medidas de apoyo que contribuyan a la seguridad en el
terreno de dicho personal, en particular para el personal que actúa en la
acción humanitaria.
Disposición adicional
primera. La sucesión del Fondo para la Promoción
del Desarrollo (FONPRODE) por parte del Fondo Español para el Desarrollo
Sostenible, F.C.P.J. (FEDES, F.C.P.J.).
A partir de la entrada en vigor de esta ley,
y una vez extinguido el FONPRODE conforme a lo previsto en la disposición
transitoria segunda, el FEDES, F.C.P.J. asumirá los derechos y obligaciones del
FONPRODE.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación transferirá al FEDES, F.C.P.J. todas aquellas propuestas
e iniciativas de ese departamento con cargo al FONPRODE que estén en
tramitación, y las aprobadas y pendientes de formalizar.
A partir de la entrada en vigor de esta ley,
los activos y pasivos del FONPRODE serán transferidos al Balance del FEDES,
F.C.P.J.; el saldo de la cuenta de Tesorería del FONPRODE con el nombre «Fondo
de Promoción al Desarrollo», se transferirá a la cuenta de Tesorería del FEDES,
F.C.P.J. Los importes de principal, intereses o comisiones devengados y
cobrados como consecuencia de créditos concedidos con cargo al FONPRODE a
iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, serán ingresados en la
cuenta de Tesorería del FEDES, F.C.P.J.
Disposición adicional
segunda. Grupo de trabajo para el diseño
institucional de la cooperación financiera española.
En el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta ley, se creará un grupo de trabajo encargado de formular una
propuesta para el futuro diseño institucional de la cooperación financiera
española para el desarrollo sostenible.
Disposición adicional
tercera. Subvenciones y ayudas de cooperación
internacional para el desarrollo.
Las subvenciones de cooperación internacional
para el desarrollo se regirán por su normativa específica, que, además de
asegurar la eficacia y simplificación de trámites, abordará la necesaria
adaptación de los procesos burocráticos de la cooperación en esta materia a sus
especificidades. Esta normativa será aprobada reglamentariamente. Estas normas
tendrán carácter básico cuando desarrollen o complementen las normas de esta
naturaleza de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones,
como instrumento al servicio de la planificación, coordinación y mejora de la
gestión de la política de cooperación para el desarrollo sostenible y la
solidaridad global, recogerá información sobre las subvenciones y demás ayudas
contempladas en esta ley que sean otorgadas por las Administraciones públicas,
organismos y demás entidades obligadas a suministrar información según lo
previsto en el apartado 4 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
En cualquier caso, la exigencia del interés
de demora para los reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados no será de aplicación a las subvenciones y ayudas en el ámbito
de la cooperación internacional otorgadas por cualquier administración pública
estatal, autonómica o local.
En el marco de la realización de programas y
proyectos de cooperación internacional financiados mediante consignaciones
presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter
finalista, los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos dependientes competentes en la ejecución de la política española de
cooperación para el desarrollo global podrán otorgar subvenciones en régimen de
concesión directa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, siempre que las mismas estén vinculadas al
objeto del proyecto o programa.
Disposición adicional
cuarta. Promoción de la cultura española en el
exterior.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 31 y 32, las funciones y competencias atribuidas a la AECID para la
promoción de la cultura española en el exterior serán asumidas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en estrecha
colaboración con los Ministerios de Cultura y Deporte, de Ciencia e Innovación,
de Educación y Formación Profesional y de Universidades.
Disposición transitoria
primera. Vigencia de la Ley 36/2010, de 22 de
octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo y del Reglamento del Fondo
para la Promoción del Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 97/2015, de 3 de
julio.
La Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo
para la Promoción del Desarrollo, y el Reglamento del Fondo para la Promoción
del Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 97/2015, de 3 de julio, seguirán
en vigor, en lo que no se opongan a lo previsto en esta ley hasta que se adopte
la reglamentación prevista en la disposición final tercera.
Disposición transitoria
segunda. Recursos de Fondo para la Promoción del
Desarrollo
(FONPRODE) con cargo al Fondo
Español para el Desarrollo Sostenible, F.C.P.J. (FEDES, F.C.P.J.).
Una vez entre en vigor esta ley, y en tanto
no se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado a la que se
refiere el artículo 22, los saldos no dispuestos y los límites no cubiertos
previstos para el FONPRODE en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que
resulte de aplicación, computarán a efectos de
dotaciones y límites de aprobación de operaciones con cargo al FEDES, F.C.P.J.
Disposición transitoria
tercera. Rendición de cuentas y régimen jurídico
aplicable durante la liquidación del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE).
La rendición de cuentas de la extinción del
FONPRODE se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los artículos 137 a
139 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, previa
conformidad del Comité Ejecutivo del FONPRODE.
Disposición transitoria
cuarta. Régimen de personal laboral de la AECID
hasta la aprobación del convenio colectivo propio.
Hasta la aprobación del convenio colectivo
propio para el personal laboral de la AECID, este personal laboral mantendrá
los mismos derechos y obligaciones a los que esté sujeto en el momento de
entrada en vigor de esta ley.
Disposición derogatoria
única. Normas derogadas.
Queda derogada la Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como la Ley 36/2010, de 22
de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta ley se dicta en cumplimiento del
principio proclamado en el preámbulo de la Constitución Española de colaborar
en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra y al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.3.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia en materia de relaciones internacionales, y sin perjuicio de la
capacidad de actuación reconocida a las Comunidades Autónomas en el ámbito de
la cooperación para el desarrollo sostenible, en virtud del ordenamiento
jurídico español.
Disposición final
segunda. Modificación del Real Decreto-ley 8/2004,
de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones
internacionales de paz y seguridad.
Se añade un apartado d) a la disposición
adicional primera del Real Decretoley 8/2004, de 5 de
noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones
internacionales de paz y seguridad, con la siguiente redacción:
«d) A las personas cooperantes españolas que
tengan esta condición, de acuerdo con el estatuto de las personas cooperantes,
y que hayan sido acreditadas individual y específicamente por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para el desarrollo de su
actividad profesional en el ámbito de las operaciones a que se refiere el
artículo 1».